Pero más allá de lo inconstitucional de la propuesta del teniente coronel, también se pone de bulto lo discriminatorio de la Ley Focas porque no aparece ningún artículo que haga referencia al “salto de talanquera de un presidente o presidenta”, cuando el gobernante incumple sus promesas electorales y traiciona al pueblo que lo eligió.
Óscar Lucien
Ley Focas
1 No estoy seguro si lo vi en la televisión o lo soñé, pero en la celebración de los once años de gobierno me parece haber oído al teniente coronel declarar: “Hace once años el país se encontraba al borde del abismo: con mi llegada al gobierno dimos un paso al frente”. Reviso grabaciones de la última semana, y aunque no encuentro el testimonio descubro evidencias dignas de interés.
Cuesta determinar cuál es la más terrible, pero sin duda la más curiosa (a primera vista uno llega a dudar de que se trate de una parodia) es el paseo del Presidente por los alrededores de la plaza Bolívar de Caracas, en el mejor estilo de un jugador de monopolio, buchón: “Edificito en la esquina, lo compro, quiero decir, exprópiese; casita de la derecha donde vivió Bolívar, exprópiese; edificio amarillo de la izquierda, exprópiese”.
Aunque el video termina aquí, uno imagina que el teniente coronel concluye su recorrido, pasa por go y cobra doscientos. En la comitiva que acompaña al monarca, quiero decir al Presidente, está el funcionario que tiene las atribuciones sobre el municipio donde están localizadas las edificaciones sujetas a expropiación, y quien responde a cada capricho del jefe: “Sí, de acuerdo”, “Sí, de acuerdo”, “Sí, de acuerdo”.
2 En otra grabación, apare-ce el Presidente, quien nos anuncia, grandilocuente, su nuevo programa de radio que se llamará De repente. ¿Dónde está Conatel para proteger al usuario respecto del compromiso de la emisora en mantener una programación previamente anunciada? ¿No bastan a Chávez sus ilegales cadenas, su maratónico Aló, Presidente, los consejos de ministros televisados, su intervención “casual” y casi diaria en todos los programas de VTV, para que ahora nos venga con un nuevo programa radial “de repente”? ¿Es esto lo que entienden en el Gobierno por democratizar las comunicaciones?
Mientras el Presidente potencia cada día sus posibilidades de comunicación, los medios privados, propietarios y periodistas son acosados y se constriñen las garantías constitucionales de la libertad de expresión y el derecho a la información. Laureano Márquez, columnista del diario Tal Cual, es amenazado con un juicio por el ministerio de propaganda (Minci) por su crónica de humor “¿Venezuela sin Esteban?”. El diario El Nacional recibe la amenaza judicial por la publicación de una foto de un guardia nacional con el dispositivo llamado garrapiño, utilizado en una manifestación estudiantil. La acusación contra Miguel Ángel Rodríguez, conductor del programa La Entrevista en RCTV Internacional, tiene la misma gravedad pero una dimensión mayor de perversidad. Se manipulan y descontextualizan las intervenciones del periodista y de su entrevistado para hacer decir lo que no han dicho (se simula un hecho punible) y luego se les amenaza con un juicio. Y todos los poderes y funcionarios involucrados en esas irregularidades y atropellos: “Sí, de acuerdo”, “Sí, de acuerdo”, “Sí, de acuerdo”.
3 Y para colmo, como dice el refrán popular, “éramos muchos y parió la abuela”.
Chávez, no sabemos si dominado por sus automatismos castrenses o por miedo a la inminente pérdida de la mayoría en la Asamblea Nacional, acaba de proponer (la palabra justa sería ordenar) un nuevo dispositivo legal para sancionar a los diputados que, a su juicio, “salten la talanquera”. La Ley Focas (por sus siglas en inglés) se recordará como una de las innovaciones más osadas del ordenamiento legislativo de la revolución bolivariana (sic).
Ya muchos parlamentarios se han apresurado a adelantar sus posiciones con el muy razonado argumento de “Sí, de acuerdo”.
Por paradójico que parezca, la Ley Focas sancionará a los diputados que cumplan con el mandato constitucional establecido en el artículo 201 de la Constitución: “Los diputados o diputadas son representantes del pueblo y de los Estados en su conjunto, no sujetos a mandatos o instrucciones, sino sólo a su conciencia. Su voto en la Asamblea es personal”.
Pero más allá de lo inconstitucional de la propuesta del teniente coronel, también se pone de bulto lo discriminatorio de la Ley Focas porque no aparece ningún artículo que haga referencia al “salto de talanquera de un presidente o presidenta”, cuando el gobernante incumple sus promesas electorales y traiciona al pueblo que lo eligió. Nada dice, por ejemplo, sobre qué castigo recibiría un gobernante que incumple la promesa de cambiarse el nombre si no resuelve el drama de los niños de la calle; que promete lucha contra la corrupción y luego se hace de la vista gorda; que juró no ser comunista y que después anuncia su conversión y sometimiento al régimen de Cuba. En justicia, como la reelección indefinida, también la Ley Focas debería ser para todos.
Óscar Lucien
Ley Focas
1 No estoy seguro si lo vi en la televisión o lo soñé, pero en la celebración de los once años de gobierno me parece haber oído al teniente coronel declarar: “Hace once años el país se encontraba al borde del abismo: con mi llegada al gobierno dimos un paso al frente”. Reviso grabaciones de la última semana, y aunque no encuentro el testimonio descubro evidencias dignas de interés.
Cuesta determinar cuál es la más terrible, pero sin duda la más curiosa (a primera vista uno llega a dudar de que se trate de una parodia) es el paseo del Presidente por los alrededores de la plaza Bolívar de Caracas, en el mejor estilo de un jugador de monopolio, buchón: “Edificito en la esquina, lo compro, quiero decir, exprópiese; casita de la derecha donde vivió Bolívar, exprópiese; edificio amarillo de la izquierda, exprópiese”.
Aunque el video termina aquí, uno imagina que el teniente coronel concluye su recorrido, pasa por go y cobra doscientos. En la comitiva que acompaña al monarca, quiero decir al Presidente, está el funcionario que tiene las atribuciones sobre el municipio donde están localizadas las edificaciones sujetas a expropiación, y quien responde a cada capricho del jefe: “Sí, de acuerdo”, “Sí, de acuerdo”, “Sí, de acuerdo”.
2 En otra grabación, apare-ce el Presidente, quien nos anuncia, grandilocuente, su nuevo programa de radio que se llamará De repente. ¿Dónde está Conatel para proteger al usuario respecto del compromiso de la emisora en mantener una programación previamente anunciada? ¿No bastan a Chávez sus ilegales cadenas, su maratónico Aló, Presidente, los consejos de ministros televisados, su intervención “casual” y casi diaria en todos los programas de VTV, para que ahora nos venga con un nuevo programa radial “de repente”? ¿Es esto lo que entienden en el Gobierno por democratizar las comunicaciones?
Mientras el Presidente potencia cada día sus posibilidades de comunicación, los medios privados, propietarios y periodistas son acosados y se constriñen las garantías constitucionales de la libertad de expresión y el derecho a la información. Laureano Márquez, columnista del diario Tal Cual, es amenazado con un juicio por el ministerio de propaganda (Minci) por su crónica de humor “¿Venezuela sin Esteban?”. El diario El Nacional recibe la amenaza judicial por la publicación de una foto de un guardia nacional con el dispositivo llamado garrapiño, utilizado en una manifestación estudiantil. La acusación contra Miguel Ángel Rodríguez, conductor del programa La Entrevista en RCTV Internacional, tiene la misma gravedad pero una dimensión mayor de perversidad. Se manipulan y descontextualizan las intervenciones del periodista y de su entrevistado para hacer decir lo que no han dicho (se simula un hecho punible) y luego se les amenaza con un juicio. Y todos los poderes y funcionarios involucrados en esas irregularidades y atropellos: “Sí, de acuerdo”, “Sí, de acuerdo”, “Sí, de acuerdo”.
3 Y para colmo, como dice el refrán popular, “éramos muchos y parió la abuela”.
Chávez, no sabemos si dominado por sus automatismos castrenses o por miedo a la inminente pérdida de la mayoría en la Asamblea Nacional, acaba de proponer (la palabra justa sería ordenar) un nuevo dispositivo legal para sancionar a los diputados que, a su juicio, “salten la talanquera”. La Ley Focas (por sus siglas en inglés) se recordará como una de las innovaciones más osadas del ordenamiento legislativo de la revolución bolivariana (sic).
Ya muchos parlamentarios se han apresurado a adelantar sus posiciones con el muy razonado argumento de “Sí, de acuerdo”.
Por paradójico que parezca, la Ley Focas sancionará a los diputados que cumplan con el mandato constitucional establecido en el artículo 201 de la Constitución: “Los diputados o diputadas son representantes del pueblo y de los Estados en su conjunto, no sujetos a mandatos o instrucciones, sino sólo a su conciencia. Su voto en la Asamblea es personal”.
Pero más allá de lo inconstitucional de la propuesta del teniente coronel, también se pone de bulto lo discriminatorio de la Ley Focas porque no aparece ningún artículo que haga referencia al “salto de talanquera de un presidente o presidenta”, cuando el gobernante incumple sus promesas electorales y traiciona al pueblo que lo eligió. Nada dice, por ejemplo, sobre qué castigo recibiría un gobernante que incumple la promesa de cambiarse el nombre si no resuelve el drama de los niños de la calle; que promete lucha contra la corrupción y luego se hace de la vista gorda; que juró no ser comunista y que después anuncia su conversión y sometimiento al régimen de Cuba. En justicia, como la reelección indefinida, también la Ley Focas debería ser para todos.
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