En Cofavic esperan que las autoridades atiendan decisiones del tribunal
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Liliana Ortega, directora de Cofavic, recibirá este jueves la Orden Nacional del Mérito de Francia, en reconocimiento por su labor en pro de los Derechos Humanos (Nicola Rocco)
JUAN FRANCISCO ALONSO | EL UNIVERSAL
domingo 14 de noviembre de 2010 12:00 AM
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Las cifras mencionadas han generado alarma en sectores dentro y fuera del país, y demostración de ello es que próximamente el Estado venezolano deberá responder por esta situación frente la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
"La Corte va a conocer dos casos de grupos parapoliciales", anunció la directora del Comité de Familiares de Víctimas de los sucesos de febrero y marzo de 1989 (Cofavic), Liliana Ortega, quien en entrevista con El Universal informó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) decidió demandar a Venezuela ante el tribunal con sede en San José (Costa Rica) por las muertes de Nelson Uzcátegui, ocurrida en Falcón; y de Benito Barrios, en Aragua, a manos de agentes del orden público.
El caso de Uzcátegui, quien fue asesinado por miembros de la Policía de Falcón en la nochevieja de 2001 en el interior de su residencia, fue llevado al sistema interamericano por Cofavic en marzo de 2007.
El caso de la familia Barrios entre tanto fue interpuesto por la Comisión de Derechos Humanos de Justicia y Paz del estado Aragua; y allí las autoridades deberán responder no solo por la muerte de Benito Barrios, ocurrida en 1998, sino que también deberán explicar por qué murieron otros cinco miembros de esa familia en esta década, aún cuando se le ordenó tomar medidas para protegerlos.
Aprender de los errores
Ortega espera que estos nuevos procesos sean asumidos por los representantes del Estado como una "oportunidad para minimizar la acción de los grupos parapoliciales" y que desista de la actitud mantenida en los últimos años de atacar y desatender las recomendaciones y resoluciones del sistema interamericano de protección de Derechos Humanos.
"Sería un craso error que el Gobierno no atienda positivamente las recomendaciones que se le hagan en materia de ajusticiamientos, porque este tipo de casos se presenta cada vez con menor frecuencia en la Corte. ¿La razón? La mayoría de los países está tomando medidas a lo interno para combatirlos", afirmó, al tiempo que advirtió: "Venezuela muestra un retroceso, porque la agenda de casos litigados ante la Corte vuelve a estar integrada por hechos relacionados con el derecho la vida y la integridad personal".
La directora de Cofavic no dudó en aseverar que si las autoridades hubieran cumplido los dictámenes y fallos de la Comisión y de la Corte Interamericana en casos como la masacre de El Amparo, El Caracazo o las desapariciones forzadas de Vargas y hubieran castigado a los responsables de esos hechos y tomado las medidas para que no se repitieran, el panorama de las garantías fundamentales en el país sería distinto.
"¿Por qué tenemos más muertos? ¿Por qué tenemos grupos parapoliciales? Porque quienes comenten los crímenes si algo seguro tienen es que no van a ser investigados", aseveró.
La vida perdió valor
¿Por qué la sociedad no rechaza los ajusticiamientos? ¿Por qué en Venezuela no ocurrió algo similar a lo de Colombia, donde cuando se destapó el escándalo de los falsos positivos media cupular militar fue destituida? A estas preguntas Ortega responde: "El tema de las ejecuciones extrajudiciales se ha hecho invisible por varias razones: Una, porque el Estado ha hecho lo posible para que no sea visible, quizás la única que lo ha sacado a la luz es el Ministerio Público en sus informes, pero esto no se ha traducido en más investigaciones y castigo ejemplarizantes a los responsables, que demuestren que el Estado no va a tolerar estas situaciones. Otra razón es que sigue muriendo la misma gente: Los más pobres".
Cuando se le preguntó si el hecho de que un número importante de los fallecidos tenían antecedentes penales es también otra de las razones de la indiferencia, la directora de Cofavic asintió y agregó: "Vivimos en una sociedad atemorizada y donde el ansía de seguridad hace que algunos sectores estén dispuestos a tolerar este tipo de situaciones con tal de verse protegidos. Esta dinámica de guerra ha sido tremendamente dañina, porque desvaloriza la vida".
Por último, exigió de la nueva Asamblea Nacional que tome medidas para combatir la impunidad, haciendo más eficiente al Ministerio Público, a los tribunales y a las policías.
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