El banquero venezolano-estadounidense Francisco Illarramendi, quien administraba gran parte de los fondos de retiro de la estatal Petróleos de Venezuela, se declaró el lunes culpable de usar cientos de millones de dólares de sus clientes para montar un fraude bajo el esquema Ponzi, dijeron fiscales federales.
Illarramendi podría ser condenado hasta a 70 años de prisión, además de perder todos sus bienes y recibir la orden de restituir los aportes de sus inversionistas. El banquero administraba varios fondos de cobertura, uno de ellos con un monto cercano a los $540 millones.
Según versiones de la prensa venezolana, cerca de un 90 por ciento del mencionado monto pertenecía a los trabajadores de PDVSA, al tiempo que el banquero previamente se desempeñó como asesor financiero de la estatal petrolera.
Illarramendi, de 42 años, pagó los retornos prometidos a sus clientes haciendo uso de los aportes obtenidos a través de nuevos inversionistas y falsificó documentos para justificar los beneficios, dijo el fiscal federal del estado de Connecticut, David Fein.
‘‘Creemos que este caso representa el mayor juicio de cuello blanco alguna vez conducido por esta oficina'', comentó Fein.
"Como resultado de este esquema, los inversionistas y acreedores del fondo de Illarramendi enfrentan la potencial pérdida de cientos de millones de dólares'', dijo la fiscalía en un comunicado.
El Departamento de Justicia también informó que agentes de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) arrestaron a dos venezolanos en Florida por sus presuntas vinculaciones con el caso. Los detenidos son Juan Carlos Guillén Zerpa, un contador de 43 años, y Juan Carlos Horna Napolitano, un residente de Pembroke Pines de 40 años.
Illarramendi se declaró culpable de cinco cargos criminales, incluyendo fraude de valores, fraude electrónico y de conspirar para obstruir a la justicia y engañar a la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC), añadió el fiscal.
La SEC ya había congelado unos $53 millones en activos controlados por Illarramendi y por su firma, MK Capital Management LLC, mientras conducía una investigación sobre las actividades del fondo de cobertura.
Según funcionarios de la SEC, Illarramendi trató de engañar a los investigadores, suministrándoles una carta falsificada a fin de ocultar la desaparición de activos dentro de su fondo.
La carta falsificada, entregada durante la investigación conducida entre diciembre y enero, declaraba que el fondo contaba con unos $275 millones en activos que en realidad no existían.
Según los documentos de la fiscalía, Illarramendi le habría pagado a Guillén y Horna más de $3 millones para producir el documento.
"Illarramendi sabía que la SEC estaba tras la pista de su esquema y acrecentó su fraude tratando de engañar al personal de la comisión'', declaró David P. Bergers, director de la oficina de ese organismo en Boston.
Según la investigación realizada por la Comisión de Valores, Illarramendi administraba varios fondos, incluyendo uno que presuntamente tuvo hasta $540 millones bajo su cargo.
No obstante, gran parte de ese monto se ha perdido.
"Debido al mal manejo de Illarramendi y su esquema Ponzi, el fondo preserva activos valorados substancialmente por debajo de ese monto'', dijo la SEC.
Gran parte de las inversiones obtenidas por Illarramendi fueron aportadas por los Fondos de Pensiones y Previsión de los Trabajadores de PDVSA, cuya junta administrativa reconoció a finales de febrero que los $53 millones congelados le pertenecían, en vista a una ola de preguntas provenientes de los empleados de la empresa.
La junta, sin embargo, aseguró en ese momento que los fondos seguían generando réditos.
"En la actualidad, aunque temporalmente ‘congeladas', las inversiones siguen obteniendo los rendimientos correspondientes, y está en marcha el respectivo proceso de contabilización, necesario para el posterior reintegro a los inversionistas'', dijo la junta de administración en un comunicado emitido el 24 de febrero.
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