Caracas, marzo 30 (REDACTA).- Rectificación y derogación. Esa es la exigencia de varios gremios educativos que coinciden que el Plan Integral de Educación Militar, dictado por el Ministerio de Defensa en la Resolución 017621 propone militarizar el sistema educativo, "con el explícito propósito de introducir la cultura de violencia y el más pernicioso belicismo" en las escuelas.
En conjunto la Asociación Nacional de Institutos Privados (Andiep), la Casa Arturo Uslar Pietri, la Cámara Venezolana de la Educación Privada (Cavep) y la Federación Nacional de Padres y Representantes (Fenasopadres) alertaron que la "perversa" medida queda a cargo de cuerpos militares "inconstitucionales" como las llamadas milicias, estrechamente vinculadas al partido de Gobierno. "Es un brazo armado o guardia pretoriana de una ideología deseosa de imponerse a la fuerza".
Alegan que ya sería "malo" que la FANB llevara a cabo tal tarea, "sería más grave confiarla a un especioso instrumento sin base legal" a la parte más "vulnerable" de la población, es decir, a los niños de las edades más tempranas.
Nancy de Martín Hernández, presidenta de Fenasopadres, hizo un llamado a las familias a que se opongan a la pretensión de formar "niños soldados", a través de una reforma legal inconsulta. "Estamos convencidos de que la movilización derrotará la grotesca violación del derecho a la educación libre".
Exigió que la Asamblea Nacional, las ministras de Educación y Educación Universitaria, los poderes Judicial y Ciudadano se pronuncien por la "flagrante intromisión" del despacho castrense en materia educativa y el "atropello" a los derechos de la familia".
Antonio Ecarri, de la Casa Arturo Uslar Pietri, anunció que la nulidad de la norma se solicitará a los tribunales de la Lopna, la Sala Político Administrativa del TSJ y en última instancia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque "un solo fusil en manos de un niño se volverá un acto criminal de lesa humanidad a los derechos humanos imprescriptible".
Octavio de Lamo, director de Cavep hizo un llamado aún más profundo, al indicar que la única manera de que ese "absurdo" instrumento llegue a las aulas es a través del consentimiento de los padres y los docentes, por lo que exhortó a que se nieguen.
Nuevo 1.011
Otro grupo de organizaciones también rechaza la resolución, entre ellas Control Ciudadano, Asamblea de Educación, la Asociación de Profesores Universitarios de la UCV y la Red de Padres y Representantes que en conjunto solicitarán al Ejecutivo la anulación de la medida.
Rocío San Miguel, coordinadora de Control Ciudadano, manifestó que se debe estar firme en rechazo a la disposición, "porque viola la Constitución, el Presidente debe reflexionar, porque se pretende hacer a los ciudadanos combatientes, cuando la Carta Magna dice que se puede servir a la nación como civil".
A su juicio el decreto crea confusión, por lo que llama al jefe de Estado a "retroceder y sacar 11 párrafos de más de 100 que tiene la resolución, en lo que se refiere a esta muy mala idea de meter a milicianos en las escuelas". Además, lo comparó con el decreto 1.011, orientado al "adoctrinamiento" del venezolano desde sus primeras etapas de vida. www.el-carabobeno.com
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