POR:MARIANELA SALAZAR.
El jueves 11 de abril de 2002 no hubo en Venezuela un golpe de Estado sino una crisis institucional sin precedentes como consecuencia de una masacre a manos de un grupo paramilitar, integrante de los círculos bolivarianos los pistoleros de Llaguno, que obedeció órdenes del comandante en jefe, quien acorralado por la protesta de más de 1 millón de ciudadanos, asumió el control militar al ser desobedecido por el jefe del Cufan y los integrantes del comando superior militar, agrupados en la red de tiburones, que se negaron a disparar contra el pueblo, cuando indebida e ilegalmente lo exigía el Presidente al momento de aplicar el plan Ávila.
Existe un testimonio grabado que revela cómo “Tiburón 1″ no sólo monitoreó la marcha pacífica, que inocentemente se desvió hacia Miraflores el 11 de abril y pidió su renuncia, sino que fría y calculadamente giró instrucciones a los tiburones para evitar que los manifestantes llegaran hasta el palacio presidencial, y ordenó al batallón Ayala y a las tropas del batallón de infantería Bolívar que reprimieran la marcha.
Han sido tantas las mentiras que el Gobierno ha tejido para encubrir a los responsables de la carnicería practicada el 11 de abril del año 2002 que aquel tiroteo que presenciamos en vivo y en directo, cuando la marcha de opositores se dirigía a Miraflores, resultó ser una invención producto de la fantasía colectiva, incluida la aparición del general Lucas Rincón, quien en nombre del Alto Mando Militar deploró los acontecimientos sucedidos aquel día, por el cual “se le solicitó al señor Presidente de la República la renuncia de su cargo, la cual aceptó”.
Hemos pasado 9 años escuchando otra versión, la oficial, de que fue un golpe de Estado, con la clara intención de ocultar un genocidio, echarles la culpa de los crímenes a unos comisarios y policías metropolitanos, condenados injustamente a 30 años de prisión, para evitar que se juzgue al responsable y sus asociados en la Corte Penal Internacional. Lo que resulta insólito es que algunos representantes de organizaciones políticas opositoras, en vez de desenmascarar a los autores de un crimen de lesa humanidad que causó 19 muertos y más de 100 heridos, repitan esa versión distorsionadora de la verdad.
Aquella fue una jornada histórica. El baño de sangre no fue ficción y el 11 de abril quedó inscrito en nuestra historia como una de las fechas más horrendas del terrorismo de Estado y la impunidad. Una historia harto conocida, cuyo guión cambia a discreción cada año. En su novena edición, los guionistas piden que se enjuicie a diputados, gobernadores y dirigentes de oposición, a quienes acusan de ser los autores intelectuales de aquellos hechos, convenientemente calificados de golpe de Estado. Comprenderán lo importante que es para el Gobierno fabricar los rostros de los responsables de un genocidio que no prescribe, nada más conveniente que sean diputados y gobernadores a quienes pretenden enjuiciar e inhabilitar.
Cuando la justicia recupere su autonomía funcional, las investigaciones imparciales dejarán al descubierto todas las operaciones realizadas en pleno conocimiento de sus efectos por el Presidente de la República, que dispuso una brigada alrededor de Miraflores para disparar a mansalva sobre una marcha de civiles desarmados y no beligerantes.
El tiempo, que juega contra él, dirá si logrará su objetivo de engañar y permanecer en el poder sembrando de miedo la paz de los venezolanos.
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