UNA SALIDA EXCEPCIONAL PARA UN PAÍS EN ESTADO DE EXCEPCIÓN

Nada de lo que las fuerzas opositoras emprendan en el campo político electoral tendrá sentido, si no está inserto en una clara definición político existencial y con un propósito estratégico inexcusable: desplazar al castro comunismo de las instancias del Poder y restablecer la plena soberanía del Estado de Derecho.
Antonio Sánchez García

UNA SALIDA EXCEPCIONAL
PARA UN PAÍS EN ESTADO DE EXCEPCIÓN

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Existe una grave asimetría respecto de la crisis que sufrimos, su caracterización, su valoración y sus opciones estratégicas. Mientras el oficialismo apuesta a la necesidad de quebrarle el espinazo a la institucionalidad democrática, vaciándola de todo contenido para convertirla en la mascarada formal de un poder totalitario, la oposición insiste en considerar que esta crisis es pasajera, superficial, obra de un mal gobierno, que no fractura los fundamentos de nuestro sistema democrático y ante la cual no se requiere de medidas excepcionales. Hay en la oposición líderes de importancia que cuestionan incluso caracterizar a Chávez como un dictador, prefiriendo calificarlo de autócrata y, por consiguiente cuestionan considerar al régimen como un régimen dictatorial, a pesar de las abrumadoras pruebas en contrario.
El chavismo, muy por el contrario, tiene un solo propósito: apoderarse del Poder político, militar, social y económico para construir una nueva forma de sociedad, tiránica en lo político, policíaco en lo social, estatista en lo económico. Vale decir: una sociedad socialista, un régimen de partido único y de control omnímodo, unipersonal y dinástico del Poder, como la norcoreana o la cubana. Según los viejos parámetros del marxismo-leninismo. La oposición lucha por impedirlo aunque sin comprender del todo lo que está en juego, siempre a la defensiva, irrestrictamente apegada a un orden jurídico y constitucional obsoletos, en la vana esperanza de que el duelo real en que nos debatimos se resuelva dentro de esos parámetros ideales: pacífica, constitucional, electoralmente. Un desiderátum que nadie puede objetar, pero que sólo puede tener éxito si se le respalda y complementa con la fuerza de un movimiento popular democrático organizado y en pie de lucha. De lo contrario nuestro desiderátum será secuestrado por la hábil manipulación del régimen: apoderarse del poder total por medios aparentemente “democráticos”. No se combate sólo contra el chavismo. El régimen ya está controlado y dirigido por el castro comunismo.

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A esta situación de indefinición estructural y de crisis existencial del sistema de dominación política, Lenin la llamó “situación prerrevolucionaria”. En Rusia se extendió desde la revolución de Febrero de 1917, que echara al traste el dominio imperial zarista y estableciera un gobierno parlamentarista burgués bajo la presidencia de Kerensky, y tuviera su primera definición propiamente revolucionaria con el asalto al Palacio de Invierno y el establecimiento del gobierno de los Soviets, en Octubre de 1917, bajo el control del Soviet de Petrogrado y la conducción de Lenin, Trotsky y el partido de los bolcheviques.

Desde el otro extremo de las opciones en pugna para hacerse con el poder total, a esa misma situación de crisis existencial, el jurista y pensador alemán Carl Schmitt la llamó “estado de excepción”. En rigor, la pérdida de los instrumentos claves del poder hegemónico por parte de quienes lo detentaban y el esfuerzo por establecer una nueva soberanía de parte de los sectores insurreccionales. De extrema izquierda o de extrema derecha, en este duelo amigo-enemigo que se verifica ante dicho estado de excepción.[1]

Todos los procesos revolucionarios modernos, inspirados por el socialismo marxista leninista o por el socialismo fascista, se cumplieron siguiendo un esquema ya clásico en la historia moderna, siguiendo las siguientes etapas: crisis global del sistema, irrupción de un nuevo sujeto histórico, crisis del aparato de dominación, estado de excepción, resolución del conflicto, toma del Poder total. El proceso del nazismo alemán se inicia con el Putsch de la cervecería, de noviembre de 1923; el indulto a Hitler, su responsable máximo, en 1925; su decisión de insertarse en el sistema parlamentarista de Weimar, conquistar la mayoría y hacerse con el control del gobierno central, lo que logra el 31 de enero de 1933. Para precipitar los acontecimientos mediante la Ley Habilitante (Ermächtigungsgeseztz) de febrero de 1933, que suspende todas las garantías constitucionales y faculta al Führer para gobernar por decreto. Desde ese día Alemania ingresa a un estado de excepción permanente, se deroga de facto la vigencia de la Constitución y Hitler asume los poderes plenos durante los 12 años de existencia del Tercer Reich, hasta ser derrotado por los aliados en abril de 1945.
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Venezuela, para su inmensa desgracia, se ha rezagado respecto de la evolución que se inicia con la caída del fascismo, continúa con la desaparición del socialismo soviético, la hegemonía mundial del capitalismo y el paso de la cultura planetaria hacia la globalización, constituyendo hoy por hoy uno de los bolsones del retroceso y la regresión en América Latina. Es, en estricto rigor, una suerte de reservorio del siglo XIX en pleno siglo XXI, el zoológico del terciario político, un sistema jurásico con capacidad expansiva en sociedades tan desarticuladas como ella misma. Sociedades que no han sabido o no han podido insertar al conjunto de sus sectores en el proceso de crecimiento y desarrollo vividos después de la segunda guerra, que en el caso venezolano articuló, sin embargo, un modelo democrático bipartidista con inclusión social y desarrollismo surgido de las entrañas de su naturaleza como nación petrolera, pero sin lograr entronizar un sistema institucional suficientemente sólido como para resistir los embates de sus crisis cíclicas. Ni extirpar tampoco de su genética sociopolítica el caudillismo militarista que la vertebrara desde su misma independencia.

De este modo hemos venido a caer en una crisis terminal vivida y superada en otras naciones de la región hace ya treinta o cuarenta años. Lo que en Venezuela se vive actualmente es el enfrentamiento entre la dictadura y la democracia, la libertad contra el avasallamiento, la civilidad contra el militarismo. En último término: el futuro contra el pasado. Pugna en la que el presente es el campo del duelo amigo enemigo. Un duelo mortal que bien puede ser caracterizado como “estado de excepción”. Y que se expresa en la irresolución definitoria de la lucha por el Poder.
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Nada de lo que las fuerzas opositoras emprendan en el campo político electoral tendrá sentido, si no está inserto en una clara definición político existencial y con un propósito estratégico inexcusable: desplazar al castro comunismo de las instancias del Poder y restablecer la plena soberanía del Estado de Derecho. Ello implica devolverle al pueblo su derecho al ejercicio de la plena soberanía, imponer la separación de los Poderes, regresar las fuerzas armadas a sus cuarteles para velar por el irrestricto cumplimiento de lo que le pauta, se le establece y se le dicta constitucionalmente. Hacer de las instituciones judiciales entes autónomos y soberanos y de los distintos órganos del Poder del Estado, como del poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Moral, instrumentos de control real y efectivo de los otros poderes, hasta lograr el perfecto equilibrio de una sociedad tolerante y respetuosa de los derechos humanos, sometida al irrestricto cumplimiento de la Ley y el Orden.
En otras palabras: nada de lo que se intente por reinstaurar el Estado de Derecho tendrá éxito si no parte de ese presupuesto esencial: Venezuela debe volver a su sistema democrático sin restricciones de ninguna naturaleza. Se trata, por lo tanto, de una lucha existencial, de vida o muerte, en la que lo que está en juego es la existencia misma de la República. No sólo ni siquiera principalmente una cuota del Poder para legitimar un régimen totalitario, como sucede actualmente con la asamblea nacional, convertida en un trámite cosmético al servicio de las órdenes del dictador. Sino del Poder puro y simple sobre todos los resortes del Estado. Entre ambas salidas extremas que llevan a la Transición democrática o a la instauración de la dictadura del siglo XXI no caben medias tintas. Tertium non datur.

Nada de esto debiera ser motivo de discusión. Si lo es, se debe a la ignorancia que muestran algunos sectores del liderazgo político nacional e incluso algunos de nuestros precandidatos al respecto, que si no poseen la debida consciencia del grave envite en juego actúan objetivamente en contra del logro del propósito histórico en juego. Que para obtener el éxito debido debería iniciar de inmediato la ejecución de un plan extraordinario de contingencia.

Ese plan extraordinario tiene por objetivo reasumir el Poder mediante un gobierno de Concertación Nacional, unitario y con participación de todas las fuerzas vivas de la Nación. Debe asimismo comenzar por unir las fuerzas político partidistas en un Gran Pacto de Gobernabilidad, que fije los puntos esenciales que deberán ser respetados por todos los sectores sociales, económicos y políticos del País. Deberá, asimismo, definir un Plan Estratégico de Gobierno que contenga las líneas maestras a ser ejecutadas y puestas en práctica por los futuros gobiernos de TRANSICIÓN. Con objetivos y metas en todos los ámbitos de la realidad nacional. Se trata de articular un gran Pacto de Entendimiento Nacional, como lo hiciera la CONCERTACIÓN DEMOCRÁTICA en Chile y el PACTO DE LA MONCLOA, en España. Se trata de iniciar la cruzada por la redemocratización del país, su inserción en la economía global y su esfuerzo por entrar de lleno en la modernidad.
Si dicho marco estuviera discutido y elaborado antes de efectuarse las primarias, la UNIDAD, el PACTO DE GOBERNABILIDAD y el PROGRAMA DE TRANSICIÓN NACIONAL serían una realidad palpable. Ya estaríamos en la vía hacia el futuro. Mucho más importante y decisorio que el nombre o el perfil del candidato. Pretender que es más importante subordinarse al capricho fácilmente manipulable de las encuestas que a un gran acuerdo nacional, es no entender la gravedad de la crisis y el esfuerzo extraordinario que deberemos acometer. No hacerlo constituye un crimen de lesa humanidad contra la República.


[1]Consultar mi libro, CRISIS Y ESTADO DE EXCEPCIÓN EN LA VENEZUEL DE HOY. LEER ACARL SCHMITT. Libros de El Nacional, 2011.