La designación del General retirado (Ej) Jesús Gregorio González González frente a la UNEFA, quien asumió el cargo el pasado lunes, es una jugada maestra del Gobierno que demuestra no descansar en su objetivo de lograr la sumisión total de los militares activos.
Sólo un oficial de las características de González González, podría alcanzar las siguientes metas, fundamentales para el proyecto hegemónico chavista:
a. La politización de la universidad.
b. La inclusión de miembros del Frente Francisco de Miranda –FFM- en la institución con la finalidad de crear frentes estudiantiles en contra de las universidades autónomas.
c. El uso del FFM para generar temor en los estudiantes que no son adeptos al chavismo y desde adentro comenzar la segregación selectiva de estos, conminándolos a ejercer el voto a favor del Presidente bajo la amenaza de excluirlos del sistema educativo u ofrecerles dádivas o cargos públicos usando la figura de la ley del primer empleo que se va a discutir en la Asamblea Nacional.
d. Generar desde allí, con la excusa de la educación militar impartida en dicho centro, los cuadros de milicias necesarios para:
-Ser empleados en las mesas electorales a favor del PSUV.
-Ser usados en funciones de combate necesarios para desconocer una victoria de la oposición o en su defecto.
-Emplearlos para desestabilizar el sistema en los primeros meses de la transición.
Pero además, esto también forma parte de las operaciones psicológicas del gobierno de cara a las elecciones por lo que el tema requiere de un tratamiento más psicológico que mediático o superficial y debe ser abordado desde la óptica de la no confrontación, la humanización y el respeto a los espacios académicos para alcanzar la adhesión de sus estudiantes, el mantenimiento de los que son demócratas y no ven en la UNEFA una salida a su situación estudiantil y que aguantan en ella las vejaciones que reciben al ser utilizados como elementos políticos y evitar la animadversión y radicalización de los manifiestamente psuvistas.
Lo anterior también es parte de lo que está ocurriendo en el seno interno de la FAN. Los profesionales activos están en cuenta de la violación de los derechos humanos, de la connotación de la Constitución en su texto legal y jurídico y que, una transición puede traer como consecuencia la investigación de aquellos que se prestaron para la violación sistemática del cuerpo de leyes que ha devenido desde el 99 y que en algunos casos colidan con la legislación nacional e internacional de la cual Venezuela es signataria.
Ante tales hechos, militares activos están evitando incurrir en delitos relativos al artículo 25 de la Constitución, el cual expresa que “Todo acto dictado en ejercicio del Poder Público que viole o menoscabe los derechos garantizados por esta Constitución y la ley es nulo, y los funcionarios públicos y funcionarias públicas que lo ordenen o ejecuten incurren en responsabilidad penal, civil y administrativa, según los casos, sin que les sirvan de excusa órdenes superiores”, así como el aparte sobre la Garantía de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, de la LA LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA Artículo 8. “Todos los funcionarios y funcionarias de la Administración Pública están en la obligación de cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Los funcionarios y funcionarias de la Administración Pública incurren en responsabilidad civil, penal o administrativa, según el caso, por los actos de Poder Público que ordenen o ejecuten y que violen o menoscaben los derechos garantizados por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la ley, sin que les sirva de excusa órdenes superiores”, los conllevaría a ser juzgados penalmente en el contexto internacional.
En este orden de ideas, la mayoría de los militares activos no están de acuerdo con el desconocimiento de la CIDH ni de los actos arbitrarios que, con motivo de la baja de encuestas y la pérdida moral del Presidente, han venido suscitándose en los últimos días ya que esto mismo es lo que puede juzgarlos o salvarlos en un futuro cercano.
En el proyecto que hay con González González frente a la UNEFA, se incluye introducir a supuestos “estudiantes” ecuatorianos, nicaragüenses, bolivianos y cubanos a través de un convenio que llamarán “Simón Bolívar” de estudios internacionales.
Una situación que tendrá que enfrentar González González, es la cantidad de denuncias que existen contra los directivos de los diferentes núcleos de la Unefa.
Es el caso por ejemplo del decano de Puerto Ordaz, Ysrael España que es señalado por la mayoría de los estudiantes por su estilo prepotente, déspota, que maltrata permanentemente a los estudiantes amenazándolos con impedir que se gradúen.
Los estudiantes de enfermería de este núcleo terminaron su pasantía o internado rotativo y se encontraron con la sorpresa de que para graduarse tendrán que ver una materia extra académica que es Cátedra II.
Las pasantías de estos estudiantes fueron realizadas en el hospital Raúl Leoni, donde cada vez que se sabe de alguna inspección o supervisión de Caracas le dan de alta a todos los pacientes aparentando que allí todo funciona tan bien, que ni hay enfermos. Al hospital lo están remodelando hace tres años y no ha avanzado nada, a pesar de la inversión que se ha hecho.
Trabajadores de Telesur en conflicto con la Presidenta
Los trabajadores de Telesur se unen a la gran cantidad de empleados oficialistas que están descontentos con el trato poco “socialista” que viene dándoles el Gobierno.
Desde que la colombiana Patricia Villegas fue nombrada Presidenta de Tele Sur, los trabajadores han sido desmejorados dramáticamente.
A razón de la salida de Andrés Izarra de Telesur, son muchos los cambios que se han hecho como por ejemplo las relacionadas con las nuevas estructuraciones. El argumento es que están adaptando un esquema de trabajo parecido al que funciona en Chile eliminando los cargos de Jefes y Coordinadores.
Los trabajadores que han ido ascendiendo paulatinamente hasta lograr ser jefes o coordinadores de alguna de las áreas, serán devueltos a los primeros escaños que tuvieron en la empresa.
A algunos de los trabajadores los están obligando a firmar cartas de traslado del cargo, a los cual muchos se han negado por considerarlo un despido indirecto y una desmejora.
Patricia Villegas, trabaja de la mano de un cubano llamado Armando Jiménez y una venezolana Marta Uribe –ex trabajadora de RCTV- dedicados a maltratar al personal que no recibe mejoras salariales hace más de un año a pesar de que a Tele Sur cada año le mejoran el presupuesto.
La prueba de que la empresa está bien económicamente, es que cada año construyen estudios nuevos provistos de la última tecnología y envían a los productores a hacer trabajos especiales fuera del país con miles de dólares de viáticos, mientras el resto del personal es obligado incluso a realizar dos trabajos para pagarles uno.
Colectivos piden a Minsalud legalizar pastilla abortiva
A través de una carta enviada al Ministerio Popular para la Salud, un grupo de colectivos le solicita a ese ente que regularice la venta de la pastilla Cytotec que provocan los abortos.
Uno de los argumentos que los solicitantes esgrimen es que la Revolución cubana desde 1965 despenalizó la interrupción voluntaria de los embarazos.
El texto completo de la carta es el que sigue:
Caracas, 28 de septiembre de 2011
Ministerio del Poder Popular para la Salud
Viceministerio de Redes Sociales
Dirección de Salud Sexual y Reproductiva
.-Presente.
Nosotras y nosotros, colectivos e individualidades revolucionarias y feministas agrupadas en la red de La Araña Feminista, hoy, en el Día Latinoamericano por la Despenalización de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, nos dirigimos al Ministerio de la Salud para exponer una serie de demandas.
Considerando:
- Que la construcción del socialismo se fundamenta en la autodeterminación de los hombres y las mujeres, garantizando el ejercicio pleno de sus derechos y la reafirmación de la soberanía del pueblo.
- Que la Revolución Cubana, referencia fundamental para el Socialismo Bolivariano, despenalizó la interrupción voluntaria del embarazo en 1965.
- Que en Venezuela la interrupción voluntaria del embarazo no es una situación hipotética sino una realidad cotidiana.
- Que su penalización en nuestro país, lejos de disminuir su frecuencia, contribuye a que su práctica clandestina e insegura prolifere.
- Que cuando es realizado en condiciones inadecuadas de salubridad y seguridad, ocasiona la muerte de las mujeres, o consecuencias irreversibles en sus sistemas reproductivos, en cifras alarmantes.
- Que su criminalización nos afecta de manera desigual a las mujeres según nuestra clase social.
Mientras las mujeres con mayor poder adquisitivo pueden acceder al mercado de las clínicas privadas, las mujeres pobres deben poner en riesgo sus vidas recurriendo a clínicas clandestinas y a métodos caseros inseguros.
- Que por la misma criminalización, las mujeres que llegan a los servicios de urgencia medicohospitalarios con abortos en curso, son víctimas de violencia obstétrica sistemática.
- Que diversos sectores inescrupulosos se lucran de la necesidad de las mujeres de interrumpir sus embarazos, desde seguros, clínicas, médicos, enfermeras, farmacias y traficantes de pastillas.
- Que una de las metas del milenio, suscrita por nuestra República, se plantea la reducción de las tasas de mortalidad materna.
- Que existen estudios científicos que demuestran que el uso correcto de Misoprostol reduce considerablemente la mortalidad materna.
- Que, en función de estos hechos, la Organización Mundial de la Salud (OMS) incluye al Misoprostol en la lista de medicamentos esenciales para la vida de las mujeres.
- Que nuestra ley de medicamentos en su artículo 7 establece dicho listado de la OMS como referencia para catalogar a un medicamento como esencial.
- Que actualmente son laboratorios trasnacionales los que producen y comercializan, según la lógica capitalista, el Misoprostol (Cytotec).
- Que el Estado debe garantizar el acceso democrático a dichos medicamentos esenciales.
Exigimos:
- Que se declare al Misoprostol como un medicamento esencial y se incluya en el Formulario Terapéutico Nacional.
- Que se establezcan mecanismos dirigidos a eliminar las restricciones del acceso al Misoprostol (Cytotec).
- Que el Estado asuma el compromiso de fabricar este medicamento esencial, en vista de que su patente de propiedad intelectual se encuentra ya vencida.
- Que se vele por el cumplimiento de la norma para la atención en materia de salud sexual y reproductiva, específicamente en lo que se refiere a educación sexual y el acceso a los métodos anticonceptivos.
- Que se establezca una mesa de trabajo permanente que desarrolle políticas públicas en el tema de la interrupción voluntaria del embarazo, conformada por a) Representantes del Ministerio del PP para la Salud y del Ministerio del PP para la Mujer y la Igualdad de Género, b) Voceras de los movimientos populares feministas, agrupados en torno a esta problemática c) Profesionales de la salud pertenecientes al convenio Cuba-Venezuela, con amplia experiencia en la materia.
- Que el Ministerio del Poder Popular para la Salud establezca un protocolo médico que reafirme el deber de los profesionales de la salud de atender sin juicios de valor ni discriminación alguna, con celeridad y eficiencia, los casos de abortos en curso, como claramente dicta la ética médica.
- Que se garantice la socialización de información veraz y oportuna sobre el uso correcto del Misoprostol para la interrupción voluntaria del embarazo.
Firman:
Colectivo Género con Clase, Colectivo En Jaque, Colectivo Noticias de mujeres; Red de Banmujer Lara, Círculos Femeninos Populares, Colectivo MUSA, Centro de Estudios de la Mujer (UCV), Movimiento Mujeres por la Vida, Alianza Sexo Género Diversa Revolucionaria, Los Sinvergüenzas,
Colectivo Fs y Ms por ahora, Colectiva de Mujeres de Aragua, Colectivo Contranatura, Colectivo Insumisas, Divas de Venezuela, Centro de Documentación Feminista de la Aldea Misión Sucre “Héroes de Canaima”, Feministas en Acción Libre y Directa por el Aborto Seguro en Revolución (F.A.L.D.A.S.- R), El Entrompe de Falopio, Colectivo La Verdad de la Manzana.
Gobernador de Aragua de vacaciones parisinas
Mientras el estado Aragua colapsa por la inseguridad y los pésimos servicios, el gobernador de esa entidad Rafael Isea, se tomó 15 días de vacaciones con toda su familia en París. Al momento de cerrar esta columna Maracay llevaba seis horas contínuas sin luz desde la Plaza Bolívar hasta Coche Aragua.
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