Venezuela es el 4º país más violento del mundo. El Observatorio Venezolano de Violencia registra la tasa de homicidios más alta de América Latina. El 85% de la población teme ser atacada en el transporte público. El CICPC reconoce que de enero a junio ocurrieron casi 9 mil homicidios, sin embargo cálculos extraoficiales revelan más de 10 mil. Recordemos el descaro oficial de enviar a un organismo internacional las cifras de inseguridad de Chile, como si fueran venezolanas. Venezuela, además, es punto de tránsito de la mayor parte de la cocaína que sale hacia Europa y EEUU.
El régimen ha sido negligente e inepto con la inseguridad. Hay miles de denuncias de cómo, dónde y cuándo actúan los delincuentes que nos aterran con secuestros express, robos de celulares y arrebatones, pero el Gobierno no actúa (EN 30-10-2011). Precisamente “la ausencia del Estado en sectores populares (F. Olivares EU 06-11-2011) es uno de los factores que más propician la generación de violencia. Hay una cultura del miedo en la que se aprende a acatar para sobrevivir”. Menos de 24 horas después de que Chávez dijera que en Catia los homicidios habían bajado el 55%, una banda disparó contra varias personas y asesinaron a 4 de ellas. La violencia presenta rasgos de una crueldad cada vez más espantosa bajo la mirada indiferente del Poder: ya son comunes titulares como “Mototaxista ultimado cuando suplicaba de rodillas por su vida a sus asaltantes”; “Usan de escudo a una joven que iba a visitar a su bebé prematuro”. Nadie se salva. Hasta diplomáticos han sido víctimas del hampa criminal. Mientras cada día ingresan decenas de cadáveres a la Morgue, el TSJ persigue a la disidencia y protege la violencia roja. El Poder Judicial solo castiga el 6% de los delitos. Las cárceles son antros de violencia y corrupción donde hasta noviembre de este año habían muerto 487 reclusos. El desinterés oficial por la inseguridad es palpable: Chávez sube 130% gastos militares para 2012 y apenas 30% para el combate contra el delito.
El discurso presidencial es citado como una de las causales de la creciente violencia, de la permisividad oficial y del protagonismo de hechos punibles. Con la despenalización de las invasiones el TSJ sistematiza la práctica de borrar los delitos cometidos por oficialistas, como se hizo con la exculpación del terrorismo de Kevin Ávila en la UCV; la dilución de la culpa sobre las $ millonarias pérdidas de Pdval o el silencio sobre el robo del fondo de pensiones de Pdvsa. La protección a los grupos irregulares del 23 de Enero, armados militarmente, es ostensible. Como lo son los motorizados con pistola al cinto y cargados de bombas lacrimógenas que pasan 15 y 30 por organismos oficiales a recibir su mesada. Todos cumplen la tarea de agredir y hasta disparar contra los precandidatos opositores e impedir las elecciones universitarias. O esta otra violencia: “Cuando hay campaña -dice rector del CNE, Vicente Díaz, al denunciar el terrorismo judicial- se le abre una investigación a todos los candidatos”, sobre todo si suben en las encuestas. O el inicuo abuso de poder de las escuchas y montajes telefónicos contra la oposición, convertidos en show del muladar nocturno de VTV. La lista de ataques contra medios y periodistas también ha sido larga este año: desde agresiones físicas y presiones sobre los medios para promover la autocensura, hasta la multa impagable contra Globovisión.
No hay mal que dure tantos años como Chávez ansía. Véase en el espejo de Noriega, hoy enjuiciado y encarcelado en Panamá por una de sus miles de víctimas.
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