El
ex magistrado venezolano Eladio Aponte Aponte, actualmente en Estados
Unidos bajo protección del gobierno norteamericano, consignó un
importante cúmulo de información sobre las interioridades del sistema
judicial venezolano, incluyendo los mecanismos usados para el pago de
sentencias judiciales, y una lista preliminar de jueces que actuaban
como sus asistentes en diversas circunscripciones en Venezuela.
Aponte, que se encuentra en un lugar no identificado en los
alrededores de Washington, al lado de sus familiares más cercanos,
suministró una lista de cooperadores cercanos mientras ejerció como
presidente de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
De acuerdo a fuentes federales, Aponte identificó a dos
magistradas suplentes de la Sala de Casación Penal que presidió hasta el
año pasado, y varios jueces superiores penales, con quienes mantuvo una
relación estrecha hasta que salió del país en marzo de este año, para
buscar protección del gobierno estadounidense.
Aponte también suministró información sobre la intervención de
importantes militares chavistas en el sistema judicial para favorecer a
delincuentes, especialmente narcotraficantes, y del seguimiento de que
era objeto por parte del Sebin debido a sospechas de los organismos de
inteligencia de que estaba colaborando secretamente con las autoridades
norteamericanas.
Según fuentes consultadas por este reportero, Aponte ha
suministrado unas 700 páginas de reportes y testimonios, que serán
usados en tribunales federales de Nueva York y Miami, donde se siguen
procedimientos judiciales contra funcionarios, militares y jueces
venezolanos vinculados con casos de corrupción y narcotráfico.
Entre los jueces incluidos en el reporte están un grupo de los 32
jueces suspendidos o transferidos en sus funciones en abril pasado por
el Tribunal Supremo de Justicia , entre ellos Leyvis Azuaje, Norma
Ceiba, Yeli Jiménez, Rubén Carcilozo, Fabiola Vegas, y Jesús Boscán.
Entre los magistrados mencionados se encuentra Veneci Blanco
García, ex magistrada jefe del Circuito Penal de Caracas, que ha sido
acusada de chantajear para obligar a jueces a tomar decisiones contra
reconocidos opositores, como Guillermo Zuloaga, presidente del canal
privado Globovisión.
También se incluyó a la funcionaria María Elena García Pru, ex
vicepresidenta del Circuito Judicial de Caracas, vinculada estrechamente
a Aponte. García Pru fue interrogada a mediados de 2008 en Miami por
agentes del FBI, en relación a una cuantiosa transacción bancaria en un
banco de Miami que habría sido parte de un pago para liberar a una
persona procesada por homicidio en un tribunal venezolano.
García Pru habría recibido con anterioridad importantes cantidades
para ayudar a tomar decisiones favorables para estos “clientes”, con el
patrocinio del propio Aponte.
Según las fuentes
consultadas, Aponte Aponte también incluyó a la jueza superior Yanina
Karabin, actual magistrada suplente del TSJ y miembro de su círculo
íntimo. Aponte indicó que mientras Karabin estuvo al frente del poder
judicial en el estado Lara, facilitó numerosas decisiones, entre ellas
procurar beneficios procesales a detenidos en cárceles larenses.
Entre los casos mencionados se encuentra el del secuestrador
Leonardo Del Moral García, un gerente de ventas de la firma Auto
Mundial, de Valencia, que planificó y ejecutó el secuestro de Alejandro
Martínez, hijo de uno de los accionistas de la firma.
Según el testimonio de Aponte, mientras fue jueza superior de
Lara, Karabin ordenó medidas judiciales que favorecieran a Del Moral. El
empresario Amado Martínez, también accionista de Auto Mundial, es
señalado de hacer cuantiosos pagos para obtener beneficios procesales
para Del Moral.
Según los documentos presentados, Amado Martínez mantiene dos
propiedades en territorio norteamericano. Un apartamento en Manhattan a
un costo de $700,000, y otra propiedad en Coral Gables, por un valor
superior a los $350,000.
“Aponte aportó detalles que sólo él conocía porque participó y
aprobó del pago de sobornos para favorecer sentencias y medidas
judiciales”, indicó la fuente.
El magistrado dio
detalles de varios casos judiciales en tribunales del estado Lara que
mostraron la intervención directa del general Hugo Carvajal, entonces
Director de Inteligencia Militar (DIM).
Entre ellos mencionó el caso de un ciudadano español que fue detenido por tráfico de cocaína y procesado
en
Barquisimeto. El presidiario obtuvo una medida procesal de casa por
cárcel, tras presiones del estamento militar. Luego se escapó y terminó
arrestado por la Policía Nacional de España cuanto intentaba introducir
500 kilos de cocaína de alta pureza.
Aponte también presentó media
docena de reportes de la inteligencia venezolana, en el que se mostraba
cómo era seguido minuto a minuto desde antes de que decidiera desertar y
negociar la protección del gobierno de Estados Unidos.
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