La Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela consagra en su texto importantes libertades, al igual
incorpora prohibiciones; las libertades se presentan relativas, las prohibiciones tiene carácter
absoluto, entre las prohibiciones
prevista en la Carta Magna, tenemos *La prohibición a la censura previa (Arts.
57 y 58) y muchas otras que enunciarlas ocuparían demasiado espacio.
Por lo que respecta a la libertad de
expresión y entendamos por ella el derecho a disentir públicamente, “a expresar
libremente sus pensamientos, ideas u
opiniones de viva voz, por escrito o mediante cualquier otra forma de
expresión, y hacer uso para ello de cualquier medio de comunicación y difusión,
sin que pueda establecerse censura” (Art. 57 CN) todas las libertades son
relativas, están sometidas a las limitaciones que establezca el orden legal,
pero, la censura previa está absolutamente prohibida en el texto fundamental
(Arts. 57 y 58), en consecuencia, es inconstitucional todo mecanismo,
triquiñuela jurídica o artimaña política que vulnere los derechos fundamentales
del pueblo, especialmente los que tienden a neutralizar las voces de alerta
sobre actuaciones que hieran la soberanía nacional, la independencia social, económica y política o los derechos
humanos.
Sancionar
a las ONG´s como “Ciudadanía Activa” y otras y pasar por alto los abusos de
Hugo Chávez y séquito de alacranes es en primer lugar intolerancia, abuso
autoritario y complacencia servil al amo que dirige sus actuaciones.
No pretendo pregonar la impunidad de los
medios de comunicación ni la anarquía en el país, pero por lo que respecta a la
censura previa que se pretende imponer mediante a las ONG´s es una “ley mordaza”, la cuestión no se centra en la
censura en sí sino en la persona del censor, “ el CNE convertido en “el policía
mediático”, el problema se centra en las prohibiciones a los opositores al
régimen, lo que constituye una simple excusa para perseguir a los enemigos
políticos privándoles de sus libertades fundamentales sin derecho a la defensa,
prohibiciones que a mi entender constituyen un horror jurídico, carentes de
sentido democrático, producto de la intolerancia política, ello no beneficia al
sistema político ni al orden social, el totalitarismo no admite la disidencia,
pero recordemos, la libertad de expresión, en todas sus manifestaciones,
inclusive en el arte, constituye un rol de servicio público y no está reservada
de manera exclusiva a los periodistas, pertenece a la sociedad en su conjunto,
por ello, el movimiento democrático socio-político actual debe tomar para sí el
desafío de su defensa.
El país no soporta la proliferación de
adefesios jurídicos mal llamados leyes, reglamentos, decretos, etc., dictados
para complacer los caprichos, sin fundamento filosófico, sólo para satisfacer
requerimientos inmediatos o para justificar del dictador, hechos delictivos
cumplidos o, peor aún, para mayor represión de la sociedad lo que nos lleva por
el barranco de la censura y la opresión. La sociedad civil, mediante las ONG´s,
ejerce un rol de servicio público ineludible, porque la libertad de expresión,
en todas sus modalidades, no es sólo un tema o una función del periodismo, es
un derecho de toda la sociedad y ésta tiene la obligación de defender sus principios
básicos frente a la vulneración sistemática de sus derechos fundamentales.
Las prohibiciones que descaradamente nos
impone el CNE, notificadas al país de manera desvergonzada por la rectora
Oblitas, son producto, repito, de la intolerancia política, circunstancia
tremendamente preocupante para la lucha por la democracia y el estado de
derecho que libra la sociedad disidente, se criminaliza y sataniza la opinión
disidente pero no la oficialista, se enervan los derechos constitucionales a la
participación política, el por qué de ese terrorismo normativo lo encontramos
en la pérdida de legitimidad del presidente para gobernar y de sus acólitos
para respaldarle en su abusivo y deslegitimado ejercicio del poder, por cuanto
el pueblo en ejercicio de su soberanía así lo ha decidido confirmar el 7/O, en
razón al odio social, el desprecio a los derechos individuales, la exaltación
de la violencia, rechazo a toda posibilidad de convivencia con la oposición y
aniquilamiento de la disidencia, creencia de poseer la verdad absoluta y
dictarla en cada ocasión, nos tratan de llevar al barranco de la censura y la
opresión.
El
gobierno tiende sistemáticamente a la sustitución de la verdad por el imperio
de las mentiras, el engaño, las versiones interesadas y la censura,
pretendiendo reduciendo a la sociedad al corral de lo políticamente conveniente
al poder. Prefiero caer entre los buitres que entre las garras de los
aduladores, porque los buitres sólo acaban con los difuntos, y los aduladores
devoran a los vivos.
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