Tenía pasaporte venezolano y vendía al amparo de Chávez
En Gráfica: Jamal Yousef
En New York, el oficial de inteligencia sirio Jamal Yousef, con pasaporte venezolano,
ha sido acusado de intentar venderles a las FARC un impresionante
arsenal en el que había 18 misiles tierra-aire para derribar aviones.
La transacción incluía el intercambio de una tonelada de cocaína. Yousef había vivido en Venezuela al amparo del gobierno de Hugo Chávez y se había trasladado a Honduras en el 2008.
El gobierno hondureño lo entregó a las autoridades norteamericanas por
medio de la DEA, según refiere Carlos Alberto Montaner en un artículo de
opinión, intitulado: “América Latina reacciona contra Chávez”.
“Los conspiradores alegaron que las armas habían sido robadas de Irak y
estaban almacenadas en la casa de un pariente de Yousef en México.
Mantenían que ese familiar era miembro de Hizbulá”, señala el documento
acusatorio, que recuerda que ese grupo está considerado también por
Estados Unidos como una organización terrorista.
Las autoridades describen en su escrito de acusación diversas reuniones
que tuvieron lugar en Honduras en septiembre y octubre del pasado año
entre representantes de Yousef e individuos que se hacían pasar como
representantes a las FARC hasta que, a finales de octubre, quedó
acordada la transacción.
La Interpol había emitido una alerta roja contra de Jamal por tener
órdenes de captura en Estados Unidos y Noruega, en este último país le
guardan una condena penal pendiente de cumplir por los delitos de
narcoterrorismo.
EL DURAZNO
Agentes policiales lo detuvieron en una revisión de rutina en la salida
de la carretera que de Tegucigalpa conduce al norte del país, conocida
como El Durazno. Al pedirle sus documentos de identificación, el libanés
“no pudo acreditar su estatus legal” en Honduras, por lo que se le
investigó y se confirmó que tenía una orden de captura o “nota de
difusión roja” de la Interpol por los casos en EE UU y Noruega.
Yousef gozaba de medidas de preliberación como lo establecen las leyes
hondureñas después de permanecer en la Penitenciaría Nacional (PN),
ubicada en el Valle de Támara, donde cumplía una condena de 10 años de
prisión por los delitos de portación ilegal de armas y falsificación de
documentos desde el 2006.
VIVÍA COMO REY
El libanés fue detenido y puesto en prisión en Honduras hace más de
siete años, debido a que estaba vinculado a los delitos de portación
ilegal de armas y falsificación de documentos públicos, por los que fue
condenado a 10 años de prisión y remitido a la cárcel de Támara.
Una vez instalado en sus celdas y debido a la cantidad de dinero que
manejaba, se le acondicionó en ese recito penitenciario todas las
comodidades, al grado que literalmente “vivía como rey”.
Aunado a eso gozaba de una serie de privilegios que no tenían los demás
reos comunes y corrientes, y más tarde se le dio la oportunidad de salir
en libertad una vez al mes, en un evidente abuso de autoridad por parte
de los encargados del centro.
De acuerdo a lo establecido en la Ley de Rehabilitación del Delincuente,
algunos privados de libertad tienen esos beneficios después de pasar un
tiempo en prisión y mostrar buen comportamiento, pero al libanés esas
garantías se le cedieron en poco tiempo, al grado que llegó a salir
hasta tres veces por semana.
Una camioneta de lujo lo esperaba siempre que salía de la Penitenciaría Nacional, con permisos ilegales.
CARRO HASTA CON CHOFER
Los beneficios que llegó a tener el libanés llegaron al extremo que los
días que le tocaba salir en libertad, una camioneta de lujo marca Hummer
lo esperaba en las afueras de la Penitenciaría Nacional, con chofer
privado, que se trataba de un coronel retirado.
Luego de salir, el extranjero se dirigía hacia Tegucigalpa, donde
realizaba todos sus mandados personales y de paso supervisaba algunos
negocios de su propiedad que tenía en la capital.
En una de esas salidas ilegales, el privado de libertad fue requerido en
la posta policial de la aldea El Durazno, sobre el kilómetro 10 de la
carretera que comunica con el norte del país y no portaba ninguna
documentación.
La situación del libanés estuvo mucho tiempo en la palestra pública al
grado que el Ministerio Público actuó de oficio y realizó las
investigaciones del caso para conocer cómo se otorgaban esos permisos.
Al parecer esa situación le trajo varios problemas al libanés, que en su
momento denunció que varios funcionarios de la Dirección de Lucha
contra el Narcotráfico (DLCN) estaban interesados en matarlo al interior
del penal.
En ese sentido, el interno pidió al ministro de Seguridad que lo
trasladara a la brevedad posible a cualquier centro carcelario del país,
para estar más seguro, ya que estaba atemorizado por las amenazas que
recibió. (Tomado de informecifras.com)
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