Lo que algunos voceros de la oposición le estaban pidiendo al gobierno una vez finalizado el evento del 15 de febrero no era la reedición del Pacto de Punto Fijo, ni la celebración de una fiesta en Miraflores, ni un encuentro fotografiado en el lobby de un hotel.
No se trataba, para emplear la terminología oficial, de "montar un show".
La aspiración, expresada con claridad por José Vicente Rangel, era bastante más sencilla: reconocer la existencia de una fuerza que, aunque minoritaria, es poderosa, hablamos de la oposición y normalizar la vida ciudadana guardando en el baúl el diccionario de epítetos y acusaciones fútiles.
Dejar en paz a la gente. Administrar el mandato popular y la obra de gobierno respetando los ámbitos de competencia y prescindiendo del conflicto. No se precisaban pactos ni adobadas reuniones para eso.
La iniciativa fue asumida en el alto gobierno de la forma más imbécil posible: por tal cosa se ha interpretado la solicitud de "cacao".
El gobierno le deja la mano tendida a sus adversarios políticos, escamotea las atribuciones constitucionales de los gobernadores, y, al mismo tiempo, devuelve nuevas acusaciones, como la truculenta tesis de la "media luna" boliviana.
Para reconocer la existencia y validez de la oposición no era preciso renunciar a ningún postulado. Nadie le está pidiendo a Chávez que publique sus columnas en TalCual. Todos sabemos que por el puro placer de redundar el chavismo es oficialista.
Viste de rojo y tiene sus creencias: aunque criticados en la rutina democrática, los controles cambiarios y de precios, el cooperativismo, la política internacional y las misiones forman parte de una manera estructural de ver las cosas.
Todo lo cual no le impedía al gobierno respetar las muy burguesas disposiciones de una Constitución que, en algún momento, llegó a considerar su proyecto político. Una Constitución que, como un país, debe existir para todos. Porque todos formamos parte de este país.
El alto gobierno será el supremo responsable de lo que acá pueda suceder si continúa esta ola de atropellos y vejámenes ininterrumpidos. Por alguna parte se va agrietar la batea. Todas las decisiones pensadas para sabotear a los gobiernos regionales que no le son afines y toda la carga verbal en contra de una de las mitades del país pasarán su factura en algún momento.
Mientras desliza algunas de estas críticas con sibilina pertinencia, ciertos sectores del chavismo ilustrado suelen, a renglón seguido, mostrarse maravillados ante los avances "protagónicos", la "consolidación institucional" y otros elementos que perfilan la presunta dimensión jacobina de un gobierno sensible y justiciero.
Para quien firma estas líneas, independientemente de sus logros, la interpretación estrecha y mezquina que hace el Ejecutivo en su relación con los actores sociales, la precaria interpretación del momento político actual, el comprobado interés por asfixiar cívicamente a quien piensa diferente, constituye insumo suficiente para reprobar su talante democrático y concluir que, en estas manos, este país está a punto de ser inviable.
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