Amenaza bolivariana
La propiedad privada
C on el secretismo y la ambigüedad con que suele abordar cuestiones críticas, capaces de despertar reacciones fuertes en la opinión pública, la Asamblea Nacional avanza en la aprobación de la ley de Propiedad Social. Cuando los medios logran obtener la copia de un proyecto, no se tiene la seguridad de que sea el que va a ser discutido o una versión "adulterada" para ponerla a discusión, como quien lanza fuegos fatuos. Esta vez se trata de uno de los proyectos más peligrosos y graves de los emprendidos hasta ahora por la Asamblea Nacional. No persigue algo diferente a la abolición de la propiedad privada, lo cual significa que será violatoria de la Constitución. Pretende establecer "la economía socialista" en Venezuela, lo cual no figura en la Carta Magna. Abusando del mal uso de la gramática, el proyecto que circula es un ejercicio de oscuridad y de espacios para "la libre interpretación".
Por ejemplo, dejan en libertad a los agentes de la economía socialista para controlarse a sí mismos. O sea, se liquida la rendición de cuentas y los sistemas de control público. Imposible analizar el laberinto. Tiene 70 artículos redactados a la diabla, no porque no sepan escribir ni lo que quieren, sino porque el propósito es consagrar la ambigüedad. La ley de Propiedad Social parece ser la culminación del asalto a la propiedad privada que está poniendo en práctica el régimen bolivariano, con los ojos puestos en el modelo cubano. En la edición de este domingo, el suplemento Siete Días da una mirada a ciertos antecedentes y a las experiencias derivadas de esa práctica de estatizaciones, nacionalizaciones o confiscaciones. Vale la pena detenerse en el recorrido que hizo la reportera Fabiola Zerpa. Ver qué ha sucedido y cuáles son los resultados de lo hecho por el Gobierno. Esto dará la pauta de lo que le espera a los venezolanos con la ley de Propiedad Social. Los ejemplos son catastróficos. Diez años atrás en El Charcote se producían 1.200 millones de kilos de carne, ahora apenas se cultivan verduras y frutas para alimentar a quienes trabajan allí. Otros ejemplos indican el mismo rumbo. Los ideólogos de la revolución dicen que los venezolanos tendrán que adaptarse al modelo socialista, y que todo lo regularán, según ellos lo entiendan. La propiedad privada pasará a segundo plano, quedará minimizada, como un vestigio de la Constitución que no pueden borrar de un plumazo, pero queda al arbitrio de los comisarios. El reportaje de Siete Días da una idea general del asunto, tal como está ahora. Es importante observar los casos de arbitraje en proceso, como consecuencia de expropiaciones y confiscaciones. Altos costos tendrán para Venezuela estos abusos oficiales. Este asalto a la propiedad privada sucede en un momento en que la tendencia mundial es justamente reconocerla, como sucede en la República Popular China.
El presidente Chávez marcha contra la opinión pública que respalda la propiedad privada, violentando los intereses del pueblo venezolano.
La propiedad privada
C on el secretismo y la ambigüedad con que suele abordar cuestiones críticas, capaces de despertar reacciones fuertes en la opinión pública, la Asamblea Nacional avanza en la aprobación de la ley de Propiedad Social. Cuando los medios logran obtener la copia de un proyecto, no se tiene la seguridad de que sea el que va a ser discutido o una versión "adulterada" para ponerla a discusión, como quien lanza fuegos fatuos. Esta vez se trata de uno de los proyectos más peligrosos y graves de los emprendidos hasta ahora por la Asamblea Nacional. No persigue algo diferente a la abolición de la propiedad privada, lo cual significa que será violatoria de la Constitución. Pretende establecer "la economía socialista" en Venezuela, lo cual no figura en la Carta Magna. Abusando del mal uso de la gramática, el proyecto que circula es un ejercicio de oscuridad y de espacios para "la libre interpretación".
Por ejemplo, dejan en libertad a los agentes de la economía socialista para controlarse a sí mismos. O sea, se liquida la rendición de cuentas y los sistemas de control público. Imposible analizar el laberinto. Tiene 70 artículos redactados a la diabla, no porque no sepan escribir ni lo que quieren, sino porque el propósito es consagrar la ambigüedad. La ley de Propiedad Social parece ser la culminación del asalto a la propiedad privada que está poniendo en práctica el régimen bolivariano, con los ojos puestos en el modelo cubano. En la edición de este domingo, el suplemento Siete Días da una mirada a ciertos antecedentes y a las experiencias derivadas de esa práctica de estatizaciones, nacionalizaciones o confiscaciones. Vale la pena detenerse en el recorrido que hizo la reportera Fabiola Zerpa. Ver qué ha sucedido y cuáles son los resultados de lo hecho por el Gobierno. Esto dará la pauta de lo que le espera a los venezolanos con la ley de Propiedad Social. Los ejemplos son catastróficos. Diez años atrás en El Charcote se producían 1.200 millones de kilos de carne, ahora apenas se cultivan verduras y frutas para alimentar a quienes trabajan allí. Otros ejemplos indican el mismo rumbo. Los ideólogos de la revolución dicen que los venezolanos tendrán que adaptarse al modelo socialista, y que todo lo regularán, según ellos lo entiendan. La propiedad privada pasará a segundo plano, quedará minimizada, como un vestigio de la Constitución que no pueden borrar de un plumazo, pero queda al arbitrio de los comisarios. El reportaje de Siete Días da una idea general del asunto, tal como está ahora. Es importante observar los casos de arbitraje en proceso, como consecuencia de expropiaciones y confiscaciones. Altos costos tendrán para Venezuela estos abusos oficiales. Este asalto a la propiedad privada sucede en un momento en que la tendencia mundial es justamente reconocerla, como sucede en la República Popular China.
El presidente Chávez marcha contra la opinión pública que respalda la propiedad privada, violentando los intereses del pueblo venezolano.
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