Dip. Miguel Ángel Rodríguez
A propósito de la polémica surgida por la exclusión del canal de
noticias Globovisión, de la banda de televisión digital recientemente
puesta a prueba en 13 estados por el gobierno nacional, el Diputado y
periodista Miguel Ángel Rodríguez, advirtió que es obligatorio denunciar
esta decisión como un paso en la estrategia de coartar plenamente la
difusión de informaciones y opiniones críticas al gobierno nacional, lo
cual contaría con el soporte de una ley que a finales del año 2011
comenzó a debatirse en segunda discusión en el parlamento nacional y que
quedó "por ahora, metida en el refrigerador".
Dice Rodríguez que se trata de la Ley para la Comunicación del Poder
Popular, que en principio se habría pensado sólo para darle marco
jurídico a los llamados "medios alternativos", pero que luego habría
evolucionado hacia el cumplimiento del plan político de la hegemonía
comunicacional, para que todo evento informativo y de opinión que
pudiera influir en las decisiones del pueblo venezolano quedaran en
dominio exclusivo de funcionarios del llamado gobierno revolucionario.
En ese proyecto de ley, explicó el parlamentario, ya se habría
estipulado el dominio prioritario que sobre la radio y la televisión
digitales tendrían los llamados medios de comunicación del poder
popular. Y es hoy, complementó, "cuando la complejidad política que
afronta el equipo de gobierno nacional, dado el cuadro vital del
Presidente de la República, que el país debe entender que se adelanta
raudo y veloz todo mecanismo que impida el escrutinio público sobre la
legitimidad y la eficiencia de un estado carente de su timonel, el
Comandante Presidente"
La digitalización de las telecomunicaciones es un proceso que se
adelanta en prácticamente todos los países del mundo, dijo. "Y es cierto
que multiplica las posibilidades de emisiones, de contenidos radiales y
televisivos. Pero en el caso venezolano, también es cierto que existe
un proyecto de ley que estipula la formación de Consejos nacionales y
regionales de la comunicación del poder popular, que excluyen por
completo a las universidades y sus escuelas de comunicación social, a
los colegios profesionales y sindicatos del área, e incluso a la
representación plural del espectro político del país que hace vida en el
poder legislativo. Todo se dirige a secuestrar la digitalización y con
ello expandir exclusivamente la difusión de propaganda gubernativa".
Miguel Ángel Rodríguez considera inminente la reactivación de la
propuesta de ley para la comunicación del poder popular, cuya propuesta
dejaría finalmente todas las decisiones en manos de un Consejo Nacional
conformado por 15 funcionarios, todos pertenecientes al poder ejecutivo,
y a la cabeza del cual se encontraría el Vicepresidente Ejecutivo de la
República.
"Es en este Consejo donde se decidirá quién es comunicador del poder
popular, qué tipo de programa y de información u opinión será aceptado y
hasta quiénes, bajo cuáles modalidades y en qué cantidades, recibirán
financiamiento que, por cierto, exclusivamente provendría del gobierno
nacional. Es en este Consejo donde se decidiría cómo distribuir el nuevo
abanico de señales digitales de radio y televisión, reservado por la
ley para los denominados comunicadores del poder popular", explicó.
El parlamentario llama la atención sobre la manera como se habría
decidido la primera parrilla de programación de la televisión digital
gratuita, para lo cual se ha informado que se usará el satélite Simón
Bolívar: todas las señales del denominado sistema nacional de medios
públicos, una señal nueva denominada Colombeia y apenas una
representación minoritaria de señales comerciales "desde hace tiempo
atenazadas por el recorte de su vida en concesión para señal abierta
analógica. Ni Globovisión, ni emisoras regionales que insistan en operar
con libertad editorial, ni los medios internacionales que ventilen
aspectos críticos al gobierno vigente en Miraflores, formarán parte de
las opciones de programación".
Finalmente Rodríguez denunció que la hegemonía comunicacional comporta
un grave delito de monopolio por parte del llamado gobierno
revolucionario, que decide usar recursos financieros de todos los
venezolanos, para censurar, discriminar y hasta criminalizar a por lo
menos a la mitad de la población del país. "Usan el satélite, usan
Cantv, usan todos los activos públicos que hagan falta para distribución
de receptores y decodificadores, se lanzan en una oferta de servicio
gratuito y no sólo ponen en jaque mate a canales y a empresas de
distribución de señales, sino también al derecho humano de la libertad
de expresión. En adelante, la inseguridad, la pérdida de producción y de
empleos, la inflación, el desabastecimiento, las violaciones a los
derechos humanos; no serán transmitidos".