La voz “República” define políticamente
a todo Estado que no sea monárquico, y su diferencia básica la constituye la
decisión civil de asumir el sistema basado en el DERECHO CIUDADANO para
elegir la autoridad representativa de la nación, en contraposición al DERECHO
DIVINO que identifica la monarquía.
Es importante destacar, después de su
definición, que para desarrollar una república, es decir, el paso inmediato
posterior al de asumir una nación la potestad del derecho ciudadano frente al
derecho divino, es imperativo que el Estado decrete y asuma la educación, en
todos sus niveles, como un derecho gratuito y obligatorio.
Porque la educación permite a cualquier
ciudadano “hijo de vecino” la igualdad de oportunidades para acceder al
ejercicio legal de la autoridad, frente a la herencia o al poder económico.
Esto es fundamental entenderlo, porque la educación gratuita y obligatoria,
incluido su nivel universitario, es la única posibilidad que tiene la República
de generar movilidad social, económica y política para su sustento.
Sin educación gratuita y obligatoria,
financiada por el Estado, se reduce la posibilidad del ejercicio de la
autoridad por el pueblo, con lo que la igualdad desaparece y se crean clases
dominantes basadas en premisas ajenas a la concepción republicana.
Así que su gratuidad es un fin
supremo para la existencia de la República. En Venezuela fue el 27 de junio de
1870 cuando, bajo el gobierno de Guzmán Blanco, se promulgó la Ley que
establecía este derecho fundamental para la nación erigida en republicana el 5
de julio de 1811.
Este decreto, quizás la obra
máxima de Guzmán Blanco, que fue dictado apenas dos meses después de llegar al
poder, antecedió a su equivalente francés por más de 10 años, pues la educación
primaria en Francia se hizo gratuita en 1881, y obligatoria y laica en 1882,
durante la III República.
República y democracia son sinónimos
La democracia tiene poco de consolidada
en la mayoría de los países del mundo, y en América Latina es todavía primitiva,
por ello, aún en los políticos más cultos, se ha confundido democracia con
“gobierno en democracia”, y la ineptitud, corrupción, barraganía, autocracia o
ineficacia de éstos, ha contaminado el concepto de democracia creando en el
pueblo afectado un rechazo hacia lo que en realidad significa su única
posibilidad de acceder al progreso por el desarrollo integral del individuo, ya
que toda forma de desarrollo gregario o colectivista o comunista ha fracasado
estrepitosamente en el planeta, y con la mayor miseria a pesar del inmenso
costo en tiempo vital y vidas humanas despilfarradas.
Lo que sucede es que la democracia se
ha definido tradicional y simplistamente, por una premisa de Montesquieu, y sin
mayor revisión ni adecuación posterior a las dinámicas políticas actuales, como
“gobierno del pueblo”, con lo que sirve como fachada para cualquier andamiaje
tiránico sustentado por una muchedumbre seducida por la promesa de dormir
comida.
La definición académica no se aleja
mucho de esta primera referencia y sostiene que la democracia es un “régimen
político en el cual la soberanía pertenece al conjunto de los ciudadanos sin
distinción, es decir, al pueblo”, y la divide en representativa, autoritaria y
social, a las que se suma ahora en Venezuela, otra adjetivación divisoria
impráctica, la “participativa”.
La frase “régimen político” con la que
se inicia esta última definición refiere a “conjunto de reglas o normas” es
decir “sistema”. Y desde este punto adelanto una definición acorde con nuestras
realidades y esperanzas, y sustentada en el enunciado de Bolívar, y coincidente
en fondo y forma con la Carta Democrática suscrita de manera unánime por todos
los miembros de la OEA:
“Democracia es el sistema político,
cuyos gobiernos están sujetos a las normas constitucionales establecidas por la
ciudadanía en el libre ejercicio de su soberanía, que profesa y garantiza el
respeto a los derechos fundamentales y naturales de la persona humana y en
particular a la libertad política, civil y personal, mediante la separación
autonómica de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, y consagrado a
producir la mayor suma de felicidad posible, la mayor suma de seguridad social
y la mayor suma de estabilidad política”.
Prefiero el término “ciudadanía” en
lugar de pueblo, porque un país está integrado por ciudadanos, es decir,
sujetos de deberes y derechos. La representatividad en este caso no define una
forma de democracia sino que es la manera con la que la ciudadanía adquiere
carácter protagónico y participa en la vigilancia y supervisión de los actos
del gobernante elegido y de su equipo de gobierno.
De allí la enorme importancia de la
autonomía, frente al Poder Ejecutivo, de esta representación que descansa, en
el caso venezolano, en la Asamblea Nacional, núcleo del Poder Legislativo. Esta
definición elimina adjetivaciones a la democracia, quedando éstas como formas
operativas de practicarla. Es democracia, y punto.
Estado de derecho, pilar fundamental de las libertades públicas
El Estado de Derecho, que deroga el
Derecho Divino y se sustenta en la Ley, ante cuyo imperio todos somos iguales,
es el garante de las libertades civiles, con énfasis en la libertad de
expresión, y el camino corto hacia el respeto al derecho ajeno, mientras se
forma en la escuela, que es el camino largo, el ciudadano, antes descrito, por
introyección de valores.
El simple cumplimiento y aplicación de
las leyes generarían la más soberbia de las revoluciones que la humanidad haya
conocido. Porque las leyes, en su inexorabilidad, son el sustituto social a la
barbarie del hombre contra el hombre, y marcan la relación hombre-sociedad con
dos definiciones: ética, que es la responsabilidad y compromiso del sujeto con
la sociedad; y justicia, que define la responsabilidad o compromiso de la
sociedad con el individuo, lo que vendría a ser la “venganza” de la sociedad, a
través de la ley y sus instituciones, contra el sujeto transgresor de sus
normas de convivencia.
En teoría, claro. Los motorizados del
chavismo y la aplicación de sanciones extrajudiciales en el campo de la
economía, confirman la duda cartesiana sobre la disposición democrática de este
gobierno con dieciséis años de desaciertos democráticos y desviaciones
republicanas en el cuello.
Rafael Marrón González
