El 31 de octubre se conmemora la firma del Pacto de Punto Fijo
El Pacto de Punto Fijo
(texto completo)
Antesala del Pacto de Punto Fijo
Alberto Rodríguez Barrera
La recuperación de la Democracia que había comenzado casi que solitariamente con AD a la caída de Rómulo Gallegos en 1948 era ya un movimiento compacto para el amanecer de 1958. El primero de enero hubo un alzamiento militar, no coordinado pero valiente, liderizado por los capitanes Hugo Trejo en Caracas y Martín Parada en Maracay. El gran mérito de esto fue demostrar que las Fuerzas Armadas ya no estaban con el dictador, ayudando a evaporar el pesimismo del miedo. El 10 de enero de 1958, Pérez Jiménez nombra un Gabinete que dura tres días debido a la agitación callejera, los resquemores, sospechas e inseguridad del tarugo. El 15 de enero circula un manifiesto de los intelectuales contra la dictadura. El 21 de enero estalla la huelga de prensa. Con unidad compacta amanecería el 23 de enero de 1958.
No fue un milagro espontáneo. Habían pasado nueve años de dictadura donde los partidos políticos pusieron los presos, los torturados, los asesinados, los exiliados y las familias sufrientes, en un esfuerzo diario, de resistencia constante. El 23 de enero corrió como un río hasta lograr el estrepitoso derrumbamiento, donde la nación entera dio una lección de valentía, dignidad y civismo frente a las ametralladoras y peinillas de quienes al usurpar la soberanía perdieron legitimidad. Fue un triunfo hecho posible porque finalmente se alcanzaba una decidida, inquebrantable y total unidad nacional. Caía ese día una férrea dictadura corruptora que disponía de poderosos armamentos, dinero, y descaro para mentir y cometer crímenes de lesa humanidad.
La dictadura no pudo seguir imponiendo su terror irrestricto y su voluntad omnímoda. Desde la calle se pedía libertad, ley y gobierno constitucional. Y todos salieron al frente: profesionales, escritores, maestros de escuela, trabajadores, empresarios y potentados. Fue un movimiento sin precedentes: la sociedad en todas sus clases, en todos sus sectores de pensamiento e ideologías políticas, desde el “pobre en su choza” hasta el “señor”, como un solo hombre, ofrecieron el pecho desnudo y el poder moral de su derecho a la metralla, logrando que se paralizaran todas las actividades hasta que el tirano huyó en la oscuridad de la noche. Culminaron el 23 de enero veintitrés días de lucha sin un líder único, pero con el pueblo venezolano, civil y uniformado, rescatando su soberanía, con un entusiasmo singular en las calles, con fe en el proceso democrático, con risas en todas las esquinas, con un espíritu abierto al futuro, sin melancolías.
Al frente del Gobierno quedó un militar civilista, Wolfgang Larrazábal, y el 23 de enero de 1958 se transformó en una de nuestras grande fechas históricas, emparejándose y superando el 18 de octubre de 1945, día que marcó el fin de la hegemonía andina y el ascenso del pueblo a la categoría de protagonista político de su destino. El 23 de enero de 1958 abrió la etapa de la democracia estable e institucional, con significaciones históricas que la espigan singularmente, como la República Civil que en los 40 años siguientes alterna el poder por vía del sufragio popular y la consolidación de la Revolución Democrática que no tiene comparación en la historia de Venezuela. La construcción del poderío institucional democrático logró aplastar todas las vías de hecho antidemocráticas. Todos los golpes de estado fueron aplastados; las Fuerzas Armadas institucionales de la democracia y el pueblo trituraron –como seguirán triturando- a todos los golpistas fracasados.
El 23 de enero se inician los tiempos en los cuales se desarrolla –como afirmó el politólogo Aníbal Romero- “el más intenso ritmo de movilidad social ascendente en nuestra historia”.
Cabe aquí hacer un breve paréntesis sobre esta progresión evolutiva que seguiremos resumiendo para exaltar objetivamente nuestros valores democráticos. Sinteticemos las fallas, de entrada. El arranque de nuestra Revolución Democrática tendrá momentos de decadencia cuando el idealismo de la construcción pretenda ser suplantado por el pragmatismo de la involución, cuando la honestidad parcialmente horadada por la corrupción, cuando las dignidades gubernamentales incluyan personajes de tercera categoría, cuando la calidad intelectual, cultural, política y espiritual de los dirigentes sean reemplazados por subalternos de tono menor, cuando la sargentización de las direcciones políticas regresen a desvíos insuperados del pasado. Tal como vimos en ciertas instancias a finales del siglo 20 y como vemos a cada instante en el Gobierno de estos comienzos del siglo 21. Pero…
La Revolución Democrática iniciada el 23 de enero asentó un sistema institucional estable, de paz, de libertad, de respeto a los derechos humanos (con las deplorables excepciones que siempre habrá bajo cualquier sistema), de tolerancia, pluralidad política y de una obra educativa, científica y material sin comparación en toda nuestra historia, aunque deficitaria en ocasiones. Porque cualquier análisis serio y de profundidad concluye en que los 40 años entre el 23 de enero de 1958 y diciembre de 1998 son el período más brillante de la historia nacional. Obra por obra, cifra por cifra, comparativa por comparativa: no hay la más remota semejanza con esta poderosa evolución civil y democrática.
Sintetiza el historiador Manuel Caballero: “Se trata del período transcurrido entre dos gobiernos presididos por militares, cuatro décadas de gobiernos civiles, los únicos en la historia del país, si se exceptúan algunos paréntesis (Vargas, Rojas Paúl, Andueza)… En estas cuatro décadas, 1958-1998, se han sucedido buenos y malos gobiernos, como es lógico que suceda en un período tan relativamente largo. Todos han tenido una característica común: han sido gobiernos cuya sustitución se ha hecho al término establecido por las leyes, de manera práctica y por medio de comicios electorales inobjetables y casi unánimemente inobjetados… Han sido cuarenta años de democracia”.
Jóvito Villalba elogió un aspecto de la democracia: “El Partido Comunista, aun cuando la democracia no constituya para él, naturalmente, una meta importante y definitiva en el proceso histórico, tiene que ser el primero en reconocer que un país como Venezuela (que durante siglo y medio ha vivido bajo las más abyectas dictaduras, y donde las dictaduras han sido el instrumento de penetración imperialista y de una horrible explotación contra las masas populares) la democracia constituye un gran paso de avance”.
Pese a que ningún ciclo ni período histórico nacional es superior a los cuarenta años de democracia de la República Civil y pese a lo incomparable de los señalamientos históricos de la Revolución Democrática, adolecimos de defectos, vicios y fallas, depravación o desvíos mafiosos, que distorsionaron y se ahogaron en el pragmatismo y el oportunismo, constituyéndose esto último en el ejemplo seguido por la más horrenda realidad que ha llegado a ser la llamada Quinta República chavista. Y es aquí donde el presente nos retrotrae a una decadencia absoluta emparentada con lo que fue la dictadura perezjimenista. Una sargentada, que se alzó devaluando y exagerando los puntos decadentes de la experiencia democrática, apartó totalmente los logros incomparables y discontinuó la evolución innegable en marcha, para perfilarse ante la historia como “la robolución”, con una camada conspirativa que desde su posición gubernamental ha vuelto a intentar manchar los uniformes militares “a realazos”, comprando silencio y sumisión, como en los degradantes tiempos de la dictadura que cayó el 23 de enero de 1958.
Así como la Revolución Democrática ha mantenido para el pueblo el derecho a ser pacíficamente protagonista histórico de sus alternabilidades, estableciendo la paz en libertad y la libertad en paz, la Fuerzas Armadas esperan actualmente volver a jugar su papel estelar –como lo hizo entre 1958 y 1998 derrotando aventureros derechistas e izquierdistas desviados- en el aplastamiento del “bochinche” de neofascismo castrense que hoy las contamina con el tufo de la inestabilidad que pretende cercarnos, ahogando al ciudadano y a las demás formas de participación ciudadana. De la misma manera, los partidos buscan recuperar su papel estelar -tras casi años de rectificación y revalorización- concientes de la trascendencia histórica implícita en la construcción (y reconstrucción) de una democracia con mayor justicia y valor social.
Hoy estamos ante un amanecer similar al del 23 de enero de 1958, cuando se dieron cita una gran cantidad de talentos creativos en todos los campos del acontecer nacional, de luchadores inclinados hacia el bien de Venezuela, que soñaron, crearon, sufrieron y murieron, cumpliendo e incumpliendo sus anhelos, pero en eclosión jamás antes vista. No había desesperación para entonces, todo era esperanza, empeño y orgullo por crear en robustez la conciencia democrática que ya no admitiría más dictaduras. Había fe de creadores y soñadores, donde Miraflores dejara de ser un centro de sobresaltos, despelotes y anarquías para la siembra de odios, divisiones e imposiciones autocráticas en nuestro pueblo. Todo estaba listo para unir y construir, y hubo líderes para ello. Y se dio el crecimiento humano y material más grande de Venezuela.
Más allá de la inspiración unificadora del Pacto de Punto Fijo, donde los principales partidos (AD, COPEI y URD) se comprometieron a respetar y gobernar para el desarrollo integral de Venezuela, obteniendo entre ellos el 94% del respaldo electoral-, la Revolución Democrática generó las más impresionantes generaciones de escritores, poetas, educadores, científicos, empresarios, financistas, economistas, sindicalistas, médicos, ingenieros, arquitectos, juristas, historiadores, músicos, cantantes, compositores, artistas plásticos, cineastas, publicistas, actores, dramaturgos, bailarines, religiosos, periodistas, fotógrafos, exploradores, deportistas y, en fin, una constelación de venezolanos eminentes de talla intelectual, política, cultural, empresarial y ética que cargaron sobre sus hombros el orgullo de ser venezolanos creadores y constructores de una gran República Civil. En todos ellos, con nombres y apellidos en cada una de las áreas mencionadas donde figuran sobresalientemente y en cantidades que el espacio hace imposible especificarlos, están las evidencias irrefutables de lo que llamamos la Revolución Democrática, cual muestrario de paradigmas que enaltecen el ascenso de un pueblo.
A partir del 23 de enero vivimos una nueva y positiva experiencia caracterizada por el imbatible sentido de la unidad. Se enterraron las técnicas dictatoriales que hacen del dolor un arma política. Pese a que hubo en esta época algunos policías criminales que torturaron y asesinaron (casos del profesor Lovera y Jorge Rodríguez), en ningún momento hubo órdenes del gobierno para ello, como sucedía con la dictadura recién caída: presos planeados, torturados con corriente eléctrica en testículos y senos, rines como potros de suplicio, bañeras electrificadas, asesinato premeditado y amedrentamiento sistemático. Pese también a las generalizaciones totalitaristas, tan favorecida por los extremistas, en 1958 se estrenó una forma superior de entender a la política, derrotando el ensañamiento y la inclemencia, impulsando la tolerancia y la coexistencia plural, signos positivos de las democracias avanzadas.
En los cuarenta años siguientes, la democracia iría perdiendo los irrespetos, los insultos, las inflexibilidades, los fanatismos y las intransigencias de las dictaduras, prefiriendo “el espíritu del 23 de enero”: amplio, avanzado, estabilizador, garante de los valores de la libertad, la paz, el orden y el progreso. Al desastre dejado por la dictadura le siguió un gigantesco esfuerzo pluralista, convivente y flexible que impulsó las energías del pueblo hacia lo positivo y creativo, con las fallas lamentables que genera todo sistema evolutivo que a pasos agigantados pasa de una situación medieval a los ardores del desarrollo en los últimos 40 años del siglo 20.
EL PACTO DE PUNTO FIJO
(Texto Completo)
Después del Acta de la Independencia, documento máximo de la República, el Pacto de Punto Fijo es el tratado político que generó las mayores trascendencias en la vida nacional. A través de los siglos, ningún otro ha tenido tanta relevancia en nuestra historia. Su fruto ha sido la Revolución Democrática de la República Civil. Es el pacto de gobernabilidad más inteligente y civilizado que se haya firmado entre nosotros, el primer ejercicio moderno de entendimiento entre adversarios políticos, uno de los pocos ejercicios sensatos de modernidad política venezolana. Su objetivo central era la defensa de la democracia, personificada en la estabilidad constitucional. En él, todos los partidos de influencia nacional se comprometían a respaldar al ganador de las elecciones de 1958, quien haría una gobierno de coalición. Con un programa mínimo común. He aquí el texto histórico:
“Los partidos Acción Democrática, Social Cristiano COPEI, y Unión Republicana Democrática, previa detenida y ponderada consideración de todos los elementos que integran la realidad histórica nacional y la problemática electoral del país, y ante la responsabilidad de orientar la opinión pública para la consolidación de los principios democráticos, han llegado a un pleno acuerdo de unidad y cooperación sobre las bases y mediante las consideraciones siguientes:
Primera:
Como es del conocimiento público, durante varios meses las distintas fuerzas políticas que han participado en las acciones unitarias para la defensa del régimen democrático, han mantenido conversaciones destinadas a asegurar la inteligencia, mutuo respeto, y cooperación entre ellas, interesadas por igual en la consolidación de la unidad y la garantía de la tregua política, sin perjuicio de la autonomía organizativa y caracterización ideológica de cada uno, conforme se declaró expresamente en el acta de ampliación de la Junta Patriótica firmada el 25 de enero de 1958, por los partidos políticos que la integraban inicialmente. El resultado obtenido es favorable, toda vez que las naturales divergencias entre partidos, tan distintas al unanimismo impuesto por el despotismo, se han canalizado dentro de pautas de convivencia que hoy más que nunca es menester ampliar y garantizar. El análisis cabal de los antecedentes, de las características actuales, y de las perspectivas de nuestro movimiento democrático; la ponderación comprensiva de los intereses legítimamente representados por los partidos a nombre de centenares de miles de sus militantes; el reconocimiento de la existencia de amplios sectores independientes que constituyen factor importante de la vida nacional; el respaldo de las Fuerzas Armadas al proceso de afirmación de la República como elemento institucional del Estado sometido al control de las autoridades constitucionales, y el firme propósito de auspiciar la unión de todas las fuerzas ciudadanas en el esfuerzo de lograr la organización de la Nación venezolana, han estado presentes en el estudio de las diferentes fórmulas propuestas. La sincera definición y defensa de los derechos que asisten a los partidos como representantes de los grandes núcleos nacionales y la preocupación común de atender en conjunto a los intereses perdurables de la nación, si bien han podido en forma ocasional provocar la generosa impaciencia de calificados valores de la opinión, son la garantía de que las deliberaciones han respondido a un serio y responsable enfoque de las urgencias del país.
Segunda:
Las minuciosas y largas conversaciones han servido para comprometer a las organizaciones unitarias en una política nacional de largo alcance, cuyos dos polos podemos definir así:
a) Seguridad de que el proceso electoral y los poderes públicos que de él van a surgir respondan a las pautas democráticas de la libertad efectiva del sufragio.
b) Garantía de que el proceso electoral no solamente evite la ruptura del frente unitario, sino que lo fortalezca mediante la prolongación de la tregua política, la despersonalización del debate, la erradicación de la violencia interpartidista y la definición de normas que faciliten la formación del Gobierno y de los cuerpos deliberantes de modo que ambos agrupen equitativamente a todos los sectores de la sociedad venezolana interesados en la estabilidad de la República como sistema popular de Gobierno.
Tercera:
Establecidos esos principios de carácter general, Copei, AD y URD, comprometen su acción y responsabilidad en los términos siguientes:
a) Defensa de la constitucionalidad y del derecho a gobernar conforme al resultado electoral. Las elecciones determinarán la responsabilidad en el ejercicio de los Poderes Públicos, durante el período constitucional 1959-1964. La intervención de la fuerza contra las autoridades surgidas de las votaciones es delito contra la Patria. Todas las organizaciones políticas están obligadas a actuar en defensa de las autoridades constitucionales en caso de intentarse o producirse un golpe de Estado, aun cuando en el transcurso de los cinco años las circunstancias de la autonomía que se reservan dichas organizaciones haya podido colocar a cualquiera de ellas en la posición legal y democrática al gobierno. Se declara el cumplimiento de un deber patriótico la resistencia permanente contra cualquier situación que pudiese surgir un hecho subversivo y su colaboración con ella también como delito de lesa patria.
b) Gobierno de unidad nacional. Si bien el ejercicio del Poder por un partido es consecuencia legítima de una mayoría electoral, la suerte de la democracia venezolana y la estabilidad del estado de derecho entre nosotros imponen convertir la unidad popular defensiva en gobierno unitario, cuando menos por tanto tiempo como perduren los factores que amenazan el ensayo republicano iniciado el 23 de enero. El gobierno de unidad nacional es el camino para canalizar las energías partidistas y evitar una oposición sistemática que debilitaría el movimiento democrático. Se deja claramente sentado que ninguna de las organizaciones signatarias aspira ni acepta hegemonía en el Gabinete Ejecutivo, en el cual deben estar representadas las corrientes políticas nacionales y los sectores independientes del país, mediante una leal selección de capacidades.
c) Programa mínimo común: Para facilitar la cooperación entre las organizaciones políticas durante el proceso electoral y su colaboración en el dicho Gobierno Constitucional, los partidos signatarios acuerdan concurrir a dicho proceso sosteniendo un programa mínimo común, cuya ejecución sea el punto de partida de una administración nacional patriótica y del afianzamiento de la democracia como sistema. Dicho programa se redactará por separado, sobre las bases generales ya convenidas, y se considerará un anexo del presente acuerdo. Como este programa no excluye el derecho de las organizaciones políticas a defender otros puntos no comprometidos en él, se acuerda para estos casos la norma siguiente: ningún partido unitario incluirá en su programa particular puntos contrarios a los comunes del programa mínimo y, en todo caso, la discusión pública en los puntos no comunes se mantendrá dentro de los límites de la tolerancia y del respeto a que obligan los intereses superiores de la unidad popular y de la tregua política.
Cuarta:
El ideal de la unidad como instrumento de lucha contra la tiranía y contra las fuerzas en actitud de reagruparse para auspiciar otra aventura despótica, sería la selección de un candidato presidencial democrático único, la formación de planchas únicas para los cuerpos colegiados y la formación de un frente único a base de un solo programa integral de Gobierno.
En la práctica se ha evidenciado que diversos factores reales contradicen esa perspectiva histórica. Afortunadamente hay otro medios idóneos de preservar la unidad nacional. Por consiguiente, lejos de considerar comprometida la unidad por la comprobación de naturales contradicciones interpartidistas que se corresponden con la esencia de la actividad democrática, las organizaciones signatarias, después de consultar sus distintas opiniones entre sí, y con las emitidas por voceros independientes autorizados, la prensa, y de otros factores nacionales, define:
1.- Los requerimientos de la unidad son compatibles con la eventualidad de diversas candidaturas y planchas legislativas.
2.- Para que la presentación de varias candidaturas presidenciales y diversas planchas legislativas pueda verificarse sin menoscabo de la unidad y sin ruptura de la tregua interpartidista, es indispensable fortalecer el sentimiento de común interés patriótico y la tolerancia y mutuo respeto entre las fuerzas unitarias, base de lo cual debe ser la sincera y solemne adhesión de todas las fuerzas democráticas a los puntos contenidos en esta declaración, y al espíritu que la anima, tal como hoy se consagra con la firma de este documento.
3.- Para garantizar la tregua política y la convivencia unitaria de las organizaciones democráticas, se crea una Comisión Interpartidista de Unidad encargada de vigilar el cumplimiento de este acuerdo. Dicha Comisión estará encargada de orientar la convivencia interpartidista, de conocer las quejas que se produzcan contra las desviaciones personalistas o sectarias de la campaña electoral, y de diligenciar ante cualquiera de los signatarios, y a nombre de todos, la morigeración y control de lo que pudiera comprometer la convivencia democrática.
4.- Para garantizar que varias postulaciones presidenciales y varias planchas legislativas sean en todo momento expresiones de la voluntad nacional de celebrar elecciones que en definitiva se traduzcan en fortalecimiento de la democracia, se proclama:
I.- Cada organización queda en libertad de sustentar su propio candidato presidencial y sus propias planchas para los cuerpos colegiados dentro del concepto de unidad aquí consagrado y en el sentido de que garanticen la tolerancia mutua durante la campaña y el cumplimiento de los compromisos generales convenidos en esta declaración cualquiera sea la candidatura o plancha que obtuviera mayor número de votos.
II.- Todos los votos emitidos a favor de las diversas candidaturas democráticas serán considerados como votos unitarios y la suma de los votos por los distintos colores como una afirmación de la voluntad popular a favor del régimen constitucional y de la consolidación del Estado de derecho.
III.- La postulación de los candidatos presidenciales y de las planchas legislativas es de responsabilidad de cada partido o coalición. Será el pueblo elector a quien le corresponda calificar con el voto cualquier postulación. Los partidos que suscriben este documento garantizan la adhesión de los principios y normas aquí consagrados de sus respectivos candidatos a la Presidencia de la República.
IV.- Los partidos signatarios se comprometen a realizar una campaña positiva de afirmación de sus candidatos y programas dentro del espíritu de unidad, evitando planteamientos y discusiones que puedan precipitar la pugna interpartidista, la desviación personalista del debate, y divisiones profundas que luego pudieran comprometer la formación del gobierno, de unidad nacional.
V.- Después de publicado el resultado final de las elecciones tendrá en Caracas un gran acto popular encargado de ratificar los siguientes principios:
a) Pública adhesión de todas las organizaciones y candidatos participantes al resultado de las elecciones, como expresión de la soberana voluntad popular.
b) Ratificación por parte de las organizaciones signatarias de su sincero propósito de respaldar al gobierno de unidad nacional al cual prestarán leal y democrática colaboración.
Consideran las organizaciones signatarias que la adhesión de todas las fuerzas políticas a los principios y puntos fijados en esta declaración es una garantía eficaz para el ejercicio del derecho electoral democrático dentro de un clima de unidad. La cooperación de los organismos profesionales, gremiales, cívicos, y culturales, de la prensa, y de personalidades independientes, con los fines así precisados, consideran la conveniencia nacional y permitirán el desarrollo de una constitucionalidad estable que tenga en sus bases la sinceridad política, el equilibrio democrático, la honestidad administrativa, y la norma constitucional, que son la esencia de la voluntad patriótica del pueblo venezolano. Como este acuerdo no fija principio o condición contrarios al derecho de las otras organizaciones existentes en el país, y su leal cumplimiento no limita ni condiciona el natural ejercicio por ellas de cuantas facultades pueden y quieren poner al servicio de las altas finalidades perseguidas, se invita a todos los organismos democráticos a respaldar, sin perjuicio de sus concepciones específicas, el esfuerzo comprometido en pro de la celebración del proceso electoral en un clima que demuestre la aptitud de Venezuela para la práctica ordenada y pacífica de la democracia. Caracas 31 de octubre de 1958. Por URD, Jóvito Villalba, Ignacio Luis Arcaya, Manuel López Rivas. Por el Partido Socialcristiano COPEI, Rafael Caldera, Pedro del Corral, Lorenzo Fernández. Por Acción Demcrática, Rómulo Betancourt, Raúl Leoni, Gonzalo Barrios.”
